La Asamblea reformó dos leyes que les permiten quitar inmediatamente jueces, magistrados y fiscales mayores de 60 años, hacer traslados y darle poder de sustitución inmediata de las vacantes a la Corte y Fiscalía, instituciones controladas por el Ejecutivo.
Por su parte, Norma Torres, también congresista de EEUU calificó la reforma como politización de la justicia y “otro salto drástico hacia la socavación del Estado de Derecho, la independencia judicial, la obstrucción de casos significativos” judiciales.
Según Torres, estos ataques “amenazan los derechos humanos y ponen al país en un curso de colisión con las democracias regionales”. Pidió al Gobierno de El Salvador respetar la Constitución y la democracia.