Miembros de la "Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares", en el monumento a la Constitución, esta mañana. Fotografía: Gabriel Aquino.
La Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares, que asegura representa más de 100 organizaciones comunitarias, presentó hoy un balance del trabajo del Ejecutivo.
Señalan deudas, retrocesos, vulneraciones, falta de políticas públicas, indicios de corrupción y falta de transparencia.
Decimos que esta administración ha retrocedido en derechos, ha cerrado espacios de participación y por lo tanto hacemos un balance negativo. Moisés García, representante del sector salud de la Mesa Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares.
En el sector de juventudes, Katherine García menciona falta de políticas públicas a favor de los jóvenes y precarización del trabajo y la educación superior en el país.
En el sector salud, se destaca el problema de la atención hospitalaria en el primer nivel, el abandono de programas de salud reproductiva, la falta de información de la ejecución y construcción de Hospital El Salvador, y el cierre de la participación de las personas en salud y comunidad.
Por su parte, Luis González se quejó de la falta de leyes de aguas, soberanía alimentaria y cambio climático.
En el sector agropecuario, Adalberto Blanco recriminó señalamientos de posibles actos irregulares en la importación de alimentos y distribución de paquetes alimenticios en el Ministerio de Agricultura.
En el sector de las mujeres, denuncian la violación de derechos y falta de interés del Ejecutivo en atender la desigualdad social, la violencia, la salud y la seguridad de las mujeres, en relación al incremento de las desapariciones, así como la falta de oportunidades de empleos para las mujeres.
Leonel Herrera, representante del sector de medios comunitarios, asegura que existe un
desmantelamiento del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
En materia de acceso a la información pública nosotros consideramos que hay un retroceso mucho mayor en este segundo año del presidente Bukele (...), el instituto de la IAIP, finalmente fue tomado por casa presidencial. Leonel Herrera, representante de medios comunitarios.
En la conferencia de prensa, al cierre del segundo año de gobierno de Nayib Bukele, Herrera dijo que existe una práctica de descalificar, estigmatizar y de atacar a medios y periodistas que publican información crítica del gobierno, y la consolidación de un aparato de propaganda oficial financiado con fondos públicos.
Sindicalistas ven retrocesos
Representantes de la Unidad de Trabajadores, Organizaciones, Sociales y Populares de El Salvador (Unitrasal) señalaron hoy retrocesos y deterioro de las condiciones de vida en El Salvador.
La secretaria general de la Federación Sindical de Trabajadores para la Justicia Laboral de El Salvador (Festrajusal), Sonia Urrutia, quien participó en la presentación del balance de 2 años de gobierno de Bukele, calificó de "deficiente" la gestión del mandatario.
En dos años de la gestión del presidente Bukele, los impactos sociales, económicos y sanitarios de la deficiente gestión gubernamental de la pandemia golpean a la población tradicionalmente excluida y marginada". Sonia Urrutia, secretaria general de Festrajusal.
Urrutia reiteró que la crisis integral en el país es provocada por la concentración de poder de parte del Ejecutivo, la eliminación de la democracia, las condiciones de vida y la vulneración de los derechos humanos.
Señalan obstáculos a 400 sindicatos
Unitrasal condenó el trabajo que realiza el ministro de Trabajo, Rolando Castro, en el tema de la organización sindical al no permitir la inscripción y acreditación de 400 sindicatos.
Condenamos el actuar del ministerio de trabajo, ya que la forma de proceder del ministro es mantener controlada las tripartitas, no quiere inscribir a otras organizaciones para mantener el poder concretado y poder manipular. Sonia Urrutia, secretaria general de Festrajusal.
Objetaron que la Asamblea Legislativa haya archivado miles de expedientes de legislaturas anteriores, como leyes de agua, alimentación e identidad de género, protección periodística, educación integral, sexualidad, salud, vida de las mujeres y el tema de pensiones, entre otras.
En el tema laboral, señalan violaciones al derecho al trabajo de 9,000 personas de los órganos ejecutivo y legislativo y 1,300 personas de las alcaldías municipales supuestamente despedidas con la llegada de la nueva administración.
Unitrasal también señaló que ha aumentado el costo de la vida, el precio de la energía, agua, gas licuado y combustibles.
Los miembros de Unitrasal mencionaron el debilitamiento de instituciones, como el Instituto de la Información Pública, el Órgano Judicial y la Fiscalía General de la República, asegurando que dichas instituciones responden al deseo y servicios del Gobierno actual.
En seguridad, las organizaciones sociales califican de alarmantes la situación ante el hallazgo recientemente del cementerio clandestino de Chalchuapa, impunidad del país, y la presencia de estructuras criminales firmemente organizadas.