El 31 de octubre de 2019, los diputados David Reyes, Silvia Ostorga y Julio Fabián, todos de Arena, entregaron un paquete de reformas a la “Ley transitoria para la compensación económica y estabilización de tarifas del servicio público de pasajeros”, que endurecía los requisitos que debe cumplir el sector transporte para optar al subsidio, entregado directamente por el Gobierno a dicho sector.
Las reformas, votadas ayer después del cabildeo de transportistas con grupos parlamentarios, solo consiguieron 24 votos a favor, y fueron enviadas al archivo.
Reyes pidió una reconsideración al dictamen y regresó al seno de la Comisión de Hacienda con 43 votos, para que sean discutidas hasta el próximo año.
Dentro de las disposiciones, los diputados exigían la instalación de sistemas GPS, validador de pago de pasajeros y cámaras de videovigilancia con grabación en todas las unidades.
Además, se exigía que los transportistas debían adquirir pólizas con seguro de daños a terceros, cumplir obligaciones patronales y evitar la acumulación de más de infracciones por motorista al mes.
“El mensaje que envían los diputados, lamentablemente hasta de mi partido, es que no hay un interés real para que haya una modernización del transporte público”, reaccionó Reyes.
El jefe de fracción del PDC, Rodolfo Parker, no votó por la prórroga que concedieron el resto de grupos parlamentarios; sin embargo, se abstuvo de dar su voto para las reformas. “Queremos que se trabaje a fondo para replantear el sistema de transporte en El Salvador, no solo aprobar reformas que sean humo”, razonó el legislador.
Hasta el 30 de junio de 2020, los transportistas seguirán recibiendo una compensación de $200 por microbús y $400 por cada autobús autorizados por el Viceministerio de Transporte (VMT).