¿Qué pasó en las elecciones?, ¿se imaginó a Nuevas Ideas y Gana con la mayoría calificada?
Era el escenario más probable cuando uno revisaba las encuestas de que efectivamente el Ejecutivo. Por un lado esto es producto de un voto de castigo a los partidos tradicionales, también es resultado de hechos concretos que la mayor parte de la ciudadanía había vivido. Este Gobierno logró disminuir los niveles de delincuencia, un hecho concreto, verificable. En la pandemia, adoptó medidas que para una población que nunca había recibido grandes beneficios del Estado significó un cambio total. Para muchas personas haber recibido esos $300 se convertía en un suceso inédito. Los paquetes de alimentos, que puede ser muy cuestionable que no había un plan para la entrega, se optó por comprar a proveedores extranjeros, se entregó a lugares que no necesitaban, pero para 2019 ya 2.5 millones padecían de inseguridad alimentaria. Los kits de medicamentos y las llamadas para casos sospechosos muestra un Estado cercano. Le sumamos la entrega de las computadoras. La gran incógnita es si estas acciones aisladas y que no necesariamente forman parte de un plan de desarrollo se van a poder mantener y si en realidad este Gobierno tiene un plan de desarrollo.
¿Qué caminos ve posibles para el Gobierno con esta mayoría legislativa?
Hay dos principales caminos. Uno es estar a la altura de las expectativas, él utiliza todo el poder para resolver los problemas estructurales que por décadas ha venido arrastrando el país y empieza a cumplir muchas de las promesas. No debemos olvidar que, aun cuando El Salvador no tiene un plan de Gobierno, se cuenta con el plan Cuscatlán, que es sumamente ambicioso. Siempre se tenía como excusa que no tenía los votos en la Asamblea Legislativa, ahora ya no se tendrá esa excusa, uno de los ofrecimientos fue una reforma fiscal.
También está el otro camino, que lo hemos visto en la región centroamericana, la vía del autoritarismo, es decir ‘yo utilizo este poder, no para resolver los problemas, sino para protegerme a mí, para proteger a mi grupo y empiezo a reprimir cualquier voz que pueda representar algún tipo de oposición hacia el trabajo que estamos haciendo’.
Desde el Icefi apelamos a que sea el primer camino y creemos que en un contexto de una crisis económico social, donde posiblemente el retroceso de indicadores sociales posiblemente sea de una década, en una crisis ambiental que el país sigue padeciendo, con este poder que se le ha entregado al Presidente, pueda a través del diálogo democrático construir una verdadera agenda de desarrollo que incluso vaya más allá del propio periodo presidencial.
¿Hay factores de influencia que usted crea que pueda hacer virar al presidente de un camino a otro?
No hay oposición partidaria, esto significa que cuando adopte medidas que a la población no le guste, la propia ciudadanía es la que tendrá que jugar el rol de oposición y es ahí donde se va a confirmar si este es un gobierno democrático por la forma en cómo va a atender esas demandas o, si al contrario, es un gobierno autoritario.
Hay otro tipo de factores que van a estar muy involucrados. Uno es el gobierno de los Estados Unidos, de donde provienen las remesas, casi una quinta parte del Producto Interno Bruto (PIB).
Es un gobierno que tiene muchas influencias en los organismos multilaterales y donde se ha establecido con esta administración que va a haber un plan para Centroamérica de $4,000 millones principalmente para El Salvador, Guatemala y Honduras, han sido muy enfáticos en señalar que las prioridades para este gobierno estadounidense en los países del norte de Centroamérica, incluyendo El Salvador, son la lucha contra la corrupción, el respeto al Estado de Derecho.
¿Cree que Estados Unidos logra influir, porque hay un análisis que dice también puede influir China y otros países?
Sería un error que la sociedad salvadoreña piense que es el gobierno de Estados Unidos quien va a resolver los problemas, pero también sería un error pensar que Estados Unidos no tiene un alto poder de influencia en estos países. A partir de ahí, yo esperaría que el gobierno salvadoreño sea un gobierno muy inteligente, en el sentido de mantener muy buenas relaciones con Estados Unidos, además, si dentro de las prioridades que se le está pidiendo es el respeto al Estado de Derecho, la lucha contra la corrupción, no vería por qué el gobierno salvadoreño no estaría interesado, cuando la lucha contra la corrupción ha sido una de las principales banderas que hiciera que el presidente Bukele llegara al poder.
Otro de los actores externos que juega un rol importante, para El Salvador, son los organismos multilaterales y el Fondo Monetario Internacional (FMI) porque El Salvador se encuentra negociando un Acuerdo de Servicio Ampliado (SAF), la característica de este mecanismo es que al Estado salvadoreño se le entrega un monto de financiamiento, puede rondar los $1,300 millones, pero a cambio el gobierno de El Salvador se va a comprometer a hacer reformas estructurales, medidas no solo en el ámbito propiamente fiscal –ingresos, gastos, deuda–, sino reformas en el ámbito económico más amplio e incluso en el ámbito institucional –servicio civil, mecanismos de rendición de cuentas, auditoría, compras del Estado.
Por supuesto, a nivel internacional no se puede perder de vista el rol que juega China. Hasta el momento, en el caso de El Salvador, si uno lo revisa en términos comerciales, no es un actor tan importante como Estados Unidos pero es un actor que hay que tener presente. Yo pongo en duda que China quiera entrar en un conflicto o tener malas relaciones con Estados Unidos por El Salvador, me parece que El Salvador en el contexto internacional tampoco es tan importante y relevante.
¿Cómo se llamaría el modelo económico que vivimos en El Salvador?
Yo diría que el modelo económico es el mismo modelo neoliberal que se implementó en El Salvador desde finales de la década de los 80, con matices de asistencialismo.
Sí creo que puede, a partir de algunos ofrecimientos, particularmente el tema de las Zonas Económicas Especiales (Zedes), profundizar todavía más ese modelo económico, porque, en las últimas propuestas de las Zedes en el gobierno del FMLN, que por cierto el presidente de la República (Nayib Bukele) criticó muy fuertemente, se consideraba establecer que las empresas que operaran en esos territorios iban a tener incentivos fiscales ad eternum, es decir que, mientras una empresa operara, no iba a pagar impuestos. Si este era el escenario, que fue uno de los ofrecimientos en esta campaña legislativa, estaríamos hablando de una profundización de este modelo.
¿Ve rumbo económico al Gobierno, al país?
En estos momentos, al no haber un plan de gobierno, al no haber haber establecido un plan anticrisis, no se ve un rumbo claro sobre cuáles van a ser las prioridades, tanto en el ámbito económico como en el ámbito fiscal. Si uno tuviera que caracterizar en una palabra, cuál es el rumbo económico de este Gobierno diría: incertidumbre.
¿El plan Cuscatlán no logra llenar ese vacío?
El plan Cuscatlán era un plan electoral compuesto por muchas partes aisladas que no conforman un todo, como en la universidad cuando se dividen las partes de un trabajo y luego se conjuntan pero simplemente no tienen un sentido. El plan Cuscatlán sí establecía metas en términos de crecimiento económico que, para 2024, se iba a tener crecimiento de 5 %, pero no se explicaba cómo.
Una de las características que tiene el plan Cuscatlán son estos megaproyectos como el tren, el aeropuerto, pero nunca se establecía cómo se iban a financiar.
Si la estrategia de este gobierno es avanzar hacia un crecimiento económico producto de megaproyectos, uno de los puntos clave es el financiamiento que hasta ahora no se puede echar a andar por la situación fiscal.
¿Qué reformas esperaría de la próxima Asamblea Legislativa?
Esperaría cciones concretas en cuanto a privilegios que se tenían en la Asamblea Legislativa, combustible, telefonía y demás, que ese tipo de aspectos se redujera y se eliminara, que las personas que entraran como asesores tengan la capacidad necesaria y adecuada; que toda la información en la Asamblea Legislativa sea pública.
En cuanto a las decisiones como legislatura, uno de los aspectos fundamentales va a ser en el ámbito fiscal: si hay un acuerdo con el FMI es la próxima legislatura quien lo tiene que avalar. Posiblemente va a ser la próxima legislatura quien tenga que aprobar una reestructuración de la deuda, hacer un ‘rollover’ porque en 2021 se vencen $2,000 millones de los cuales en el presupuesto no quedó incorporado ningún sentado. Sin embargo, sería un error si la nueva legislatura únicamente se concentra en aprobar deuda sin asegurar que el país tenga una hoja de ruta en el ámbito fiscal donde se establezcan otro tipo de medidas que vaya más allá del financiamiento. Porque, desde que inició este gobierno, el principal instrumento que ha utilizado es el endeudamiento público, sin embargo, dado los niveles que tiene, es insostenible seguirlo haciendo.
¿Qué preguntas no ha respondido el Gobierno en el manejo de la pandemia?
Por un lado, ¿cuáles eran las prioridades que tenían?, no se tiene un plan de salud, eso me parece que es uno de los enormes vacíos.
Adicionalmente, ¿por qué la junta directiva del Fondo de Emergencia de Recuperación y Reconstrucción Económica (Ferre) no ha estado funcionando ni operando como tal? ¿Por qué el principal mecanismo para canalizar los recursos fue Fopromid y no el Ferre?, si el Ferre fue aprobado por la Asamblea Legislativa y sancionado por el presidente de la República, por lo tanto había sido una decisión de Estado que ese fuera el mecanismo porque tenía mayores controles y transparencia. Pero, para mí, la pregunta más importante que le falta responder a este gobierno es ¿quién va a pagar las facturas de la crisis?
¿Qué consecuencias puede tener para el Gobierno haber incumplido ciertos marcos legales en el manejo presupuestario?
Esto es muy importante, cuando estamos hablando de la administración pública, exista todo un andamiaje legal sobre cómo deben hacerse transferencias, sobre cómo deben hacerse los distintos procesos de compras y contrataciones, los funcionarios públicos están obligados a regirse a lo que la ley establece.
En el caso de El Salvador, particularmente la Sala de lo Constitucional ha reiterado en varias resoluciones que las transferencias entre carteras de Estado deben contar con el aval de la Asamblea Legislativa.
También, cuando se tienen mecanismos de endeudamiento, cuando ese endeudamiento se incorpore al presupuesto tiene que pasar por el aval de la Asamblea Legislativa, esos aspectos son muy importantes porque pudieran haber resoluciones más de carácter penal que pudiera estar investigando la Fiscalía.
También es cierto que, en un escenario de mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, muchos de esos controles que en estos momentos existen en la legislación se vayan quitando. Yo sí creo que sería un enorme error de parte de la nueva legislatura que apruebe medidas que vayan en retroceso de la información pública y de la lucha contra la corrupción. Porque si hace eso, lo que demostraría es que no son los mismos de siempre pero hacen exactamente las mismas cosas que los mismos de siempre.
3 datos que debes de conocer
- Plan Cuscatlán
El plan Cuscatlán prometía crecimiento del 5 %, ofrecía monotributo, retiro voluntario estatal y un pacto fiscal como política de Estado.
- Austeridad y renta mundial
El plan ofrecía eliminar los gastos excesivos de todos los ministerios en 1 año. Proyectaba la renta mundial e impuesto predial.
- Acuerdo SAF
El gobierno negocia un acuerdo SAF con el FMI que le obligará a adoptar políticas para superar problemas económicos y estructurales.
El perfil
Ricardo Castaneda, economista de ICEFI
Estudios: Economista Universidad de El Salvador, máster en Gobierno y Gestión Pública en América Latina Universidad Pompeu Fabra/IDEC, Barcelona, máster en Política Mediática para una Nueva Cultura de Ciudadanía, Universidad Complutense de Madrid.
Experiencia: Ha sido coordinador de política fiscal de Icefi y es coordinador de país para El Salvador y Honduras. Catedrático.