Se trata de un conjunto de 57 compromisos asumidos por El Salvador en 2018, de los cuales el OCC evaluó 19.
Las peores calificaciones obtenidas evalúan la gobernabilidad democrática, la transparencia y el acceso a la información, y el financiamiento de la política en El Salvador. Estas tres variables tuvieron puntajes de 0.66, 0.81 y 0.85, equivalentes a una nota de 2.2 a 2.8 en la escala más común, del 0 al 10.
Las calificaciones más altas obtenidas por El Salvador –equivalentes de 3.4 y 4.7 base 10– se dieron en las áreas de prevención a la corrupción en obras públicas y cooperación jurídica internacional.
¿Por qué?
El Observatorio evaluó mal seis variables sobre la gobernabilidad democrática: una es la independencia judicial, pero también evaluó si el Estado promueve códigos de conducta para servidores públicos y si hay prevención de conflictos de intereses, así como declaraciones patrimoniales de los funcionarios.
El cumplimiento de estas variables, según el estudio, involucra al Gobierno Central, Órgano Judicial, Asamblea Legislativa e instituciones de control superior.
La destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general el 1 de mayo de 2021 por la Asamblea Legislativa contribuyó en esta valoración, señala el Observatorio.
El Salvador sigue mostrando que hay poco compromiso en lucha contra la corrupción, que hay un declive en separación de poderes”. Xenia Hernández, investigadora, directora de DTJ
A la mala calificación de la transparencia, influyó la pérdida de la independencia del Instituto de Acceso a la Información Pública y los retrocesos en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Para calificar la transparencia, el OCC evaluó gobierno abierto (acceso a información), independencia de los órganos de control superior, el fortalecimiento o no del IAIP, tipificación penal de la corrupción según convenciones internacionales y la protección de denunciantes de corrupción.
La tercer área peor evaluada están relacionadas a los partidos políticos: las instituciones de control no ejercen acciones suficientes para la fiscalización de los partidos y que estos tienen un serio déficit en la publicación de sus fuentes de financiamiento.
Coordinación internacional.
La promoción de la cooperación en investigaciones de corrupción, lavado, cohecho y soborno transnacional, así como el impulso de embargos preventivos o extinciones de dominio –como los realizados a expresidentes–, logran subir levemente la baja nota que el OCC da a El Salvador. Esta colaboración debe realizarla la Policía, Fiscalía, IAIP, Corte de Cuentas de la República y Órgano Judicial.
Las medidas de prevención de la corrupción en las contrataciones públicas, como la inclusión de cláusulas anticorrupción en contratos y medidas antiburocráticas, lograron un puntaje de 1.02.
El dato
El Compromiso de Lima fue firmado en la VIII Cumbre de las Américas el 13 y 14 de abril de 2018 en Lima, Perú. Uno de los firmantes fue el presidente salvadoreño de ese entonces.
¿Cumple el país el compromiso de Lima?
El llamado Compromiso de Lima es un documento suscrito por los presidentes de naciones de las Américas, al que se comprometieron desde abril de 2018. El Salvador es suscriptor. Exige medidas de transparencia a instituciones del Estado y partidos políticos, así como medidas para prevenir o combatir la corrupción en los Estados.
- Fortalecimiento de la gobernabilidad: 0.66
Los presidentes se comprometieron a fortalecer las instituciones democráticas, a fortalecer la independencia judicial según estándares interamericanos y universales, a desarrollar una cultura de transparencia.
- Transparencia y acceso a información: 0.81
El Compromiso de Lima comprometió a los presidentes a consolidar la independencia de los órganos de control superior, a fortalecer los órganos de transparencia y acceso a información.
- Financiamiento de organizaciones políticas y campañas: 0.85
Los Estados de las Américas se comprometieron a fortalecer la rendición de cuentas de los partidos, la bancarización de sus ingresos y gastos, y la sanción por recepción de dinero ilícito.
- Prevención de corrupción en contrataciones: 1.02
El Compromiso de Lima exige promover el uso de sistemas electrónicos para las compras y una efectiva rendición de cuentas, incluir cláusulas anticorrupción en contratos públicos o público-privados, registros de personas vinculadas con actos de corrupción y lavado de activos.
- Cooperación jurídica internacional: 1.41
Se comprometieron a adoptar un marco legal para responsabilizar a personas jurídicas contra la corrupción, promover la cooperación entre policías, fiscalías, para delitos transnacionales de corrupción.