La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) lanzó ayer, junto a la Secretaría de la Transparencia del Gobierno, Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República, el proyecto de “Combate a la corrupción en El Salvador: apoyo a la prevención, investigación y procesamiento de la corrupción”, el primero en su versión del continente americano.
Los promotores del proyecto, que durará tres años con financiamiento estadounidense, esperan que El Salvador sea “la vanguardia” en la lucha anticorrupción y que inspire a todo el continente.
“Este proyecto es el primero en el continente que se diseña específicamente con el fin de dar una respuesta integral a las recomendaciones del mecanismo de examen para El Salvador... Pretendemos poner a El Salvador a la vanguardia de la lucha contra la corrupción”, expresó Virginia de Abajo, asesora nacional anticorrupción de la Unodc. Ella señaló que el éxito de la lucha anticorrupción depende de la “cooperación entre las diversas instituciones”, sobre todo cuando hay que “investigar, de acusar, de procesar”.
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Florentín Meléndez, presidente en funciones de la CSJ, y Cristian Salazar, representante de la ONU. /DEM[/caption]Cristian Salazar, coordinador de las Naciones Unidas en El Salvador, mencionó que el proyecto apoyará la cooperación interinstitucional, prestará la asesoría legal y fortalecerá la capacidad de las autoridades nacionales en la detección, investigación y procesamiento de la corrupción.
“El sector privado tiene un rol que desempeñar para evitar que el mercado se corrompa y que se consoliden prácticas abusivas, la población también es trascendental para denunciar en todos los ámbitos de la vida”, señaló e instó a una política de cero tolerancia. “La gran lucha es de todo el país”, expresó. Y advirtió: el mundo “ya no puede afrontar el gasto” que implica la corrupción.
“Creo que este proyecto no es la solución, pero es parte de la solución para fortalecer las instituciones nacionales”, dijo Marcos Rodríguez, secretario Anticorrupción de la Presidencia de la República.
Florentín Meléndez, como presidente en funciones de la CSJ, explicó que el convenio emana de la suscripción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, e implica un esfuerzo para la CSJ no solo con los operadores de justicia sino haciendo el respectivo monitoreo del posible enriquecimiento ilícito, que según la Convención perjudica las instituciones democráticas.
“Nos compromete como órgano judicial antes que nada para prevenir la corrupción, por supuesto, cuando ha echado raíces, combatirla y erradicarla”, indicó.
Algunos elementos
Proyecto país
Mónica Mendoza, experta en el tema, señaló que es un “proyecto país” y que es necesario entender que la corrupción es un “claro atentado” contra la estabilidad de los Estados.
Reforma legislativa
El énfasis en este tema será en el sector privado. Aseguró que es una lucha que convoca a instituciones del Estado, pero también a la sociedad y al sector privado.
Cooperación institucional
Asistencia técnica y asesoría legal, para que los Estados puedan prevenir y combatir la corrupción, fortaleciendo sus capacidades internas de las instituciones.