Comisión de Relaciones Exteriores aprueba el proyecto de Ley de Agentes Extranjeros. Foto: @AsambleaSV


Casi medio centenar de organizaciones civiles firmaron esta tarde un pronunciamiento tras el reciente aval que la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa diera a la Ley de Agentes Extranjeros para que pueda ser votada en el pleno legislativo.

La ley prohíbe y castiga a quienes financien actividades que, de acuerdo al Registro de Agentes Extranjeros, tengan motivaciones políticas, arriesguen la estabilidad política, social o el orden público.

Las organizaciones manifestaron preocupación por la iniciativa que fue presentada por el Ejecutivo y consideraron que traerá graves afectaciones al trabajo de la sociedad civil organizada y a los beneficiarios de proyectos que esta impulsa.

Valoraron que el proyecto de ley es ambiguo y representa un “potencial obstáculo” para el desarrollo de programas e iniciativas para la población.
Actuamos con total transparencia en cada uno de los programas y proyectos que ejecutamos, con o sin apoyo internacional. Cumplimos con los mecanismos de fiscalización y de contraloría social de nuestros beneficiarios y de cada cooperante, así como toda la normativa nacional, que incluye la Ley de Lavado de Dinero, la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro regulada por el ministerio de Hacienda, cumplimos con las obligaciones tributarias establecidas por el ministerio de Hacienda y nos sujetamos a la vigilancia y supervisión en material laboral por porte del ministerio de Trabajo y Previsión Social”. Comunicado de las organizaciones.

Las expresiones civiles agregaron que la aprobación de una ley que vulnera derechos fundamentales como la libertad de expresión o libre asociación puede imposibilitar el desarrollo humano, económico y social del país.

La ley contempla multas de hasta $10,000, establece un impuesto del 40 por ciento a organizaciones no clasificadas como con fines humanitarios, sanitarios o académicos, y establece incluso penarlas con el retiro la personería jurídica.

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Además, en la discusión en la Comisión de Relaciones Exteriores, los diputados, en su mayoría de Nuevas ideas, agregaron una pena carcelaria de entre 2 y 5 años a agentes extranjeros que “contravengan el orden público, la seguridad nacional o soberanía” valiéndose de financiamiento extranjero.

Las organizaciones hicieron un llamado al diálogo democrático para el análisis de medidas que afectarían directamente a la población.