AFP


Once organizaciones de la sociedad civil han solicitado este jueves a las autoridades del Fondo Monetario Internacional que impongan una serie de condiciones a los poderes Legislativo y Judicial, así como a al Tribunal Supremo Electoral, para sellar un acuerdo de Servicio Ampliado (SAF) por $1,300 millones, que El Salvador negocia con el multilateral.

Las expresiones civiles señalaron que el orden constitucional en El Salvador se ha deteriorado con mayor rapidez desde el 1 de mayo, cuando asumió poderes el congreso de mayoría afín al oficialismo y efectuó la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, el fiscal general, aprobó reformas para depurar jueces y se avaló desde el nuevo constitucional la reelección del presidente.

Estas organizaciones pidieron al FMI que condicione el acuerdo a que la Asamblea Legislativa salvadoreña reconozca la declaratoria de inconstitucionalidad emitida el 1 de mayo pasado, en contra de la destitución de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional.

Así mismo, que derogue los decretos por el que se nombraron a los nuevos magistrados del Constitucional y el del nuevo fiscal general de la República (FGR), depuesto también en la primera sesión de la actual legislatura el 1 de mayo.

Además de que derogue la reformas a la Ley de la Carrera Judicial por medio de la que se efectuó una purga de jueces y magistrados el mes pasado y dio facultades al órgano Judicial para efectuar cambios a discreción.

Las organizaciones pidieron que la Corte Suprema de Justicia reinstale a los jueces destituidos en razón de su edad, rechace las renuncias recibidas y revierta los traslados realizados tras la entrada en vigor de las reformas a la Ley de la Carrera Judicial.

Por otra parte, solicitaron que el acuerdo también esté condicionado a que el TSE declare la prohibición expresa de la reelección presidencial inmediata, como lo establece la Constitución de la República.

El 4 de septiembre pasado, el ente electoral expresó que acataría una resolución de la Sala de lo Constitucional, elegida el 1 de mayo, que dio vía libre a que el actual presidente opte a una reelección, aun cuando la Carta Magna lo prohíbe en varios de sus artículos.

Las organizaciones pidieron al FMI y a los Estados Unidos que “consideren la defensa de la democracia en El Salvador” y que las condiciones sean previamente cumplidas antes de hacer efectivo un desembolso de recursos.

Puede leer el escrito aquí:

IMF-Comunicado-_071021