Instalaciones de la Corte de Cuentas. Archivo DEM
Ocho organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron este sábado a la denuncia presentada ayer por el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya contra el presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Roberto Anzora.
A través de un comunicado, las organizaciones consideraron que se trata de un "ataque sistemático" del Órgano Ejecutivo a las instituciones de control.
Expusieron que el gobierno "ha obstaculizado" la labor de control de instituciones como la Fiscalía General de la República (FGR), el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), la Asamblea Legislativa, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y ahora la CCR.
La Corte de Cuentas de la República también ha sido objeto de obstáculos en fiscalizaciones tales como las de las donaciones recibidas durante la pandemia y las del manejo de $450 millones para la entrega de un subsidio de $300 a hogares vulnerables".
Por lo anterior, hicieron un llamado al gobierno a someterse a los controles sobre los fondos públicos y a no obstaculizar la labor de las instituciones.
Respaldaron también el trabajo de la CCR, a la cual exhortaron a continuar cumpliendo sus funciones de fiscalización, "utilizando todas las herramientas que le otorga la ley, y asistiéndose de las demás instituciones del Estado".
Ayer, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, presentó un aviso en la FGR contra el presidente de la CCR por revelar los resultados de una auditoría en el que advertía que esa cartera de Estado tenía fondos disponibles para pagar el Fondo para el Desarrollo Económico y Social (Fodes), sin ante haber agotado el debido proceso.
Tras el aviso presentado por Zelaya, la CCR respondió asegurando que continuarán realizando su trabajo "a pesar de cualquier obstáculo o campaña de desprestigio".
