Esta vez, la Subcomisión Política invitará a organizaciones para que éstas les hagan las preguntas. / DEM
Tras la decisión de la Subcomisión Política de la Asamblea Legislativa de no utilizar un mecanismo de evaluación para elegir al nuevo procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), organizaciones de la sociedad civil se han pronunciado para que la Asamblea Legislativa utilice un método de evaluación objetiva y así cumplir con el fallo de la Sala de lo Constitucional.
El director del Departamento de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), Javier Castro, dijo que es preocupante que la Asamblea Legislativa no tenga la voluntad de mejorar los procesos de elección de los funcionarios, ya que un baremo es un instrumento que ayuda a que la elección no se vuelva inconstitucional.
“Creemos importante que se le tome atención a cumplir con estas obligaciones de carácter constitucional que tiene la Asamblea Legislativa, la prueba está en que ya ha habido varias elecciones de funcionarios de instituciones públicas que han sido declarados inconstitucionales, porque no se cumplió con la jurisprudencia”, añadió.
Por su parte, el presidente del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), José Miguel Arévalo, aseguró que el baremo es una herramienta que permite cumplir con el fallo de la Sala de lo Constitucional, ya que en su sentencia plantea que se tiene que justificar por qué una determinada persona reúne esos requisitos esenciales para ejercer un cargo público.
Sostuvo que, si no se utiliza un mecanismo objetivo de elección, “se dan las opciones que hemos estado viendo, que se presentan demandas de inconstitucionalidad cada vez que hay una elección de funcionarios de segundo grado”.
Piden medición
Las organizaciones insisten en la necesidad de medir las cualidades de los aspirantes y en comparar a los mismos. La Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) coincidió en que se debe utilizar una tabla de evaluación que permita comparar a los aspirantes y saber quién merece ocupar el cargo. “Hasta el momento, no pueden justificar de qué manera eligen a los funcionarios”, dijo la coordinadora del área de Transparencia de Funde, Jessica Estrada.
Agregó que es necesario modificar el reglamento interno de la Asamblea Legislativa, ya que son “unos cuantos artículos” los que determinan cómo se llevan a cabo este tipo de procesos y “lo que ahí se exige es demasiado ambiguo”.
El director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, señaló que prescindir de una herramienta que pueda medir algunos aspectos del perfil de los candidatos fue una decisión equivocada y que se debería rectificar.
“Si usted no puede medir algo, no puede dar fe de sus cualidades, no puede asegurar que cumplen con cierto estándar, entonces, en esa medida, esta decisión de la Subcomisión nos parece equivocada”, afirmó.
La Subcomisión Política iniciará las entrevistas de los 24 aspirantes el próximo lunes 19 de agosto por la tarde. Para mejorar el proceso, la Subcomisión decidió invitar al menos a 15 organizaciones que participen en el proceso.