Organizaciones de la sociedad civil, líderes de opinión, usuarios de redes sociales y algunos líderes políticos pidieron a los partidos y al presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, realizar una elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sin pactos oscuros.

“Señores de ARENA, en ustedes está empezar a trabajar por el país o seguir el camino de tapar corruptos. Se votó por diputados no por sus cúpulas con otros intereses”, advirtió en Twitter la organización Defensa Ciudadana de la Democracia (Decide), en donde predominan movimientos afines a la derecha, como Cruzada Pro Paz y Trabajo, Águilas por La Libertad, Aliados por la Democracia.

La organización replicó también una opinión en la cual se advertía el retiro del apoyo electoral “si salen con tapar corruptos suyos y de otros”. El presidente de ARENA, Mauricio Interiano, se reunió ayer tarde con su fracción y, luego, dijo en una entrevista: “No nos podemos equivocar”.

La Iniciativa Social para la Democracia (ISD), afín a la izquierda, dijo ayer que el reglamento de la Asamblea Legislativa ordena a la Comisión Política analizar las hojas de vida, entrevistas y depurar la lista, pero criticó que la Comisión Política “se ha limitado a recibir listados” en “reuniones privadas”.

“La suspensión de la reunión de la Comisión Política evidencia que prevalece la negociación interpartidaria y no el procedimiento de ley”, advirtió la ISD.

También, el Consorcio por la Transparencia y contra la Corrupción pidió a los diputados que “se renuncie a toda acción encaminada a entablar arreglos oscuros destinados a controlar la justicia constitucional y a frenar los procedimientos sobre enriquecimiento ilícito de funcionarios que se diligencian en la Sección de Probidad”. El Consorcio criticó las deliberaciones secretas, la ausencia de un mecanismo de evaluación y el intercambio privado de nombres de candidatos a magistrados entre los partidos políticos.

Una nueva función de los magistrados de la CSJ es ordenar o no juicios civiles por indicios de enriquecimiento ilícito, algo que requiere al menos ocho de los 15 votos de los magistrados de la Corte Plena.