El argumento, para presentar el proyecto, es que algunos empleadores “evaden u omiten la declaración y pago de cotizaciones previsionales” de sus trabajadores, cuando “se solicitan las prestaciones por invalidez, vejez y muerte”.
La reforma mantiene la disposición que cualquier deuda a favor del Fondo de Pensiones será “imprescriptible”.
Además, obligaría a las administradoras de fondos de pensiones a iniciar, en 15 días hábiles, un proceso de cobro judicial, después de haber agotado la gestión de cobro administrativo. El documento emitido por ésta “tendrá fuerza ejecutiva” según el proyecto.
Las instancias competentes, según la propuesta, serían los tribunales de primera instancia de menor cuantía y de lo civil y mercantil.
De acuerdo a la propuesta, las administradoras podrán requerir información sobre sus obligaciones a los empleadores y éstos tendrán la obligación de entregarla en 10 días hábiles; de lo contrario, se comunicaría a la Fiscalía General, institución a la cual deberán informar el posible delito luego del plazo de ejecución de las acciones.
La reforma obligaría también a informar a la Superintendencia, en los primeros 10 días posteriores a cada semestre, el detalle de empleadores que no han hecho efectivo el pago de cotizaciones de los trabajadores.
Según la propuesta, las administradoras de pensiones incurrirán en infracción “cuando no cumplan con la obligación de iniciar y ejecutar el trámite de cobro judicial, con un monto del 20 % del monto no cobrado más el 3 % anual de dicho monto.
La propuesta ordena que las administradoras inicien proceso judicial para recuperar la deuda.
