En El Salvador opera un sistema mixto para financiar las campañas electorales: la deuda política y el fondeo privado. A través del primero, las entidades partidarias tienen derecho a un anticipo del 70 % del dinero obtenido por cada voto ($5.27) antes del período electoral. La ley no establece financiamiento público para años en los que no se realizan comicios, por lo que esto debe revisarse, según la OEA.
El jefe de misión de la OEA, Juan Pablo Corlazzoli, afirmó además que “no existe certeza sobre la aplicación de los topes de financiamiento privado para los partidos”, y la ley establece límites solo para períodos ordinarios (años sin elecciones).
“No existe regulación para el año en el que se realicen comicios. La misión recomienda estudiar la pertinencia de modificar la legislación para establecer reglas claras de financiamiento privado previo a la fiscalización de los recursos en años previos y con jornada electiva”, añadió el funcionario.
El proceso de fiscalización del fondeo está a cargo del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Ministerio de Hacienda y la Corte de Cuentas de la República (CCR). La misión señaló que estos entes “carecen de recursos humanos y financieros para llevar a cabo un ejercicio exhaustivo”.