La PDDH espera que el consumo humano sea prioridad. / DEM
El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, pone en duda la prioridad de uso humano y doméstico que ordena la Ley General de Recursos Hídricos, debido a que permitirá permisos que durarán hasta 15 años renovables.
Sin embargo, el funcionario consideró que la aprobación de la ley es un “avance”, ya que “pasó más de una década” de exigencia social de una normativa que “garantizara la forma de administrar el agua”, ya que solo era reconocido el derecho del agua en el artículo 117 de la Constitución de la República.
Pero la PDDH señala “incompatibilidades” con el acceso universal al agua y es el plazo de 15 años para hacer uso del agua. “Sobre dicho plazo se advierte que no se ha tomado en cuenta que la prioridad del vital líquido debe ser para que todas las personas puedan disponer de él, en forma suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible, es decir, para uso personal y doméstico”.
La ley, en su artículo 63, establece como prioridad número uno el “agua para consumo humano y uso doméstico”.
Luego de dicha prioridad, en ese orden, se establecen las siguientes prioridades: uso para sostenibilidad de ecosistemas, uso agropecuario procurando la seguridad alimentaria, uso para la generación de energía eléctrica, uso industrial y comercial, usos recreativos y otros usos.
Como procurador reitero mi compromiso de continuar vigilante para que la aplicación garantice el derecho humano al agua a toda la población”. Apolonio Tobar, procurador de Derechos Humanos
Las disputas.
La directiva de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) es la encargada de dirimir los conflictos por el agua.
Es su atribución “u”: “Resolver los conflictos entre particulares por uso y aprovechamiento de agua y vertidos”. No detalla cómo se resolvería un conflicto si hay permiso otorgado por 15 años.
La ASA es la encargada de asignar el recurso hídrico necesario para el funcionamiento de cada subsector o regulador –agua y saneamiento, agua con fnes agropecuarios, con fines hidroeléctricos y con fines industriales– de acuerdo al orden de prioridades y la disponibilidad del recurso.
El dato
La Ley de Recursos Hídricos otorga 15 años de plazo para los permisos y las autorizaciones del uso y aprovechamiento del agua. Pretenden garantizar inversiones.