La Asamblea Legislativa aprobó este jueves la Ley Transitoria de Compensación Económica por Servicios Prestados en el Órgano Legislativo, que permitirá a empleados legislativos retirarse de la institución con indemnizaciones que oscilan entre cuatro y 12 meses de salarios, teniendo dos años de laborar o más.
El decreto no permite regresar a laborar a la Asamblea durante los siguientes tres años, es decir, los trabajadores que se acogen a los beneficios de la ley pueden regresar a laborar después de los tres años.
El decreto fue aprobado por unanimidad con 69 votos. “Aprovecho para darle las gracias a los diputados y diputadas”, dijo el diputado Norman Quijano, presidente de la Asamblea Legislativa, que promueve una disminución de la plantilla legislativa.
La compensación no podrá exceder de los $30,000 o un salario mensual hasta por 12 años de labores.
Recibirán cuatro meses de salario si tienen entre dos y cinco años de labores; seis meses de salario si tienen entre cinco y 10 años de labores; 12 meses de salario si tiene más de 10 años de labores. De acuerdo al decreto, si el empleado fue beneficiado anteriormente con un plan de retiro voluntario no tendrán derecho a dicha compensación, y aplica a empleados tanto bajo los regímenes de Ley de Salarios o por contratos.
Los empleados que quieran aplicar al decreto de retiro voluntario deberán presentar su renuncia al cargo a más tardar el 31 de julio de 2018, aunque la vigencia del decreto finaliza el 31 de diciembre de 2018.
Hasta el 31 de marzo de 2018, se registraban 2,382 empleados, de los cuales 1,427 son institucionales. El resto son partidarios. Esta plantilla legislativa genera un gasto mensual de $2,968,766.14. Para el año 2018, el presupuesto de la Asamblea destina $45 millones al pago de remuneraciones, lo que incluye bonos, aguinaldos y horas extras.