El Comité del Fondo de Emergencia, encargado de dirigir y supervisar uso de $2,000 millones, fue juramentado el 29 de marzo pasado. / DEM
Los cinco representantes privados de los 11 integrantes del Comité del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica renunciaron este lunes argumentando falta de rendición de cuentas y toma de decisiones unilaterales por el Gobierno sobre la planificación de $2,000 millones que será adquirida por el Estado.
La carta fue firmada por el vicepresidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Agustín Martínez; los presidentes de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), Jorge Hasbún, y de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), Miguel Ángel Simán; y los rectores de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Uca), Andreu Oliva; y de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN), Ricardo Poma.
Ellos mencionan que si bien el decreto daba al Comité la atribución de aprobar el programa de transferencias monetarias, “comenzó a implementarse antes de que el Comité entrara en funcionamiento” y que también ocurrió en la construcción de la red hospitalaria.
De acuerdo al director ejecutivo de la Cámara de Comercio, Federico Hernández, hubo transferencias de fondos sin autorización del Comité y, para que ninguno de los 11 miembros del Comité fuera cuestionado por el uso de esos fondos, elaboraron una propueta de reformas que presentaría el Ejecutivo.
Estas reformas –dice– pretendían ajustar funciones sin que hubiera responsabilidades sobre “fondos que el Comité no había definido”. Sin embargo, el representante de Camarasal agregó que el Ejecutivo presentó “de manera unilateral” otras reformas que a su vez “socavaban los alcances del Comité”.
Los miembros del Comité reclamaron falta de informes y que no concretaron ninguna propuesta sobre la contratación de una auditoría externa que valide la correcta asignación de fondos.
Presidencia: “falso”
El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, calificó de “totalmente falso” las aseveraciones de los cinco firmantes de la renuncia irrevocable.
El asesor jurídico de Casa Presidencial, Javier Argueta, advirtió que los miembros del Comité tendrán que declarar patrimonio ya que, aunque renuncien, son “funcionarios públicos”. De acuerdo al secretario privado de la Presidencia, Ernesto Castro, los representantes privados del Comité no tenían claro que se volvían funcionarios públicos al formar parte de ese Comité.
“A la fecha ellos siguen siendo funcionarios públicos, me imagino que uno de los temas más incómodos es el tema de Probidad”, dijo.
El Gobierno también aseguró que aceptaron las propuestas de auditorías externas realizadas por el Comité, y que todo puede ser constatado en las nueva actas de reunión que tuvieron, las cuales, dijo, podrían hacer públicas.
El Comité del Fondo de Emergencia fue creado el 26 de marzo en el decreto 608 y juramentado tres días después; se reunió nueve veces en mes y medio. También lo integraban los ministros de Salud, Hacienda, Economía, Obras Públicas y Turismo.
