¿Cree que el reparto político es una práctica común en las elecciones de funcionarios de segundo grado?
Sí, ha sido una práctica común. Lamentablemente esa ha sido la regla general y es por eso que estamos insistiendo tanto en que se cuente con un procedimiento que quizás no va a eliminar ese reparto político, porque al final de cuentas la Asamblea es un ente político, pero va a reducir muchísimo el campo de acción que podrían tener los diputados y los partidos en ese cuoteo que hemos criticado. Las sugerencias van enfocadas en reducir el reparto que pueda hacerse.
¿Ejemplos de instituciones que han sido repartidas políticamente?
La actual Sala de lo Constitucional es un reparto político innegable que dio buen resultado, pero un buen resultado por mera casualidad, porque los astros se alinearon y tuvimos una Sala tan exitosa como la que hemos tenido, pero fue un reparto; el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) actual es un reparto también. La Corte de Cuentas es una de las instituciones que más ha venido sufriendo ese reparto partidario.
¿Confía en la selección de candidatos a CSJ que hizo el CNJ partiendo que es una institución que se repartió políticamente?
Reconocemos que han existido avances sustanciales en el proceso que desarrolló el CNJ y que fuimos gratamente sorprendidos por las actitudes de algunos consejales, pero el germen que menciona de ese reparto partidario que existió en el CNJ se vio en la última de las etapas del proceso, vimos un buen proceso hasta la última etapa porque nunca quedó claro cuáles fueron los criterios que terminó aplicando el CNJ para elegir a unos y descartar a otros, todo ese análisis en base a los parámetros no terminó por tener ninguna importancia en el momento que se tomaron las decisiones de quiénes eran los 15.
¿Pero hay un criterio escondido?
El criterio escondido es un criterio político, no tengo ninguna duda que hay un criterio político porque hay ciertos consejales que en el momento de la votación estaban respondiendo a un criterio que no era técnico, que no obedecía a la trayectoria de las personas, sino que tenía una apreciación innegable. El CNJ actual fue elegido con base en reparto de cuotas partidarias, pero a pesar de ese reparto, los consejales fueron caminando bastante bien hasta la última etapa, el trabajo reflejó la existencia de ese reparto, no de los 15.
¿Cómo evalúa el trabajo de la Federación de Asociaciones de Abogados (Fedaes)?Mal, lamentablemente, nos autocriticamos, porque existió un mal trabajo, porque todas las decisiones que se habían tomado, de ir incorporando los filtros necesarios para ir mejorando el proceso de elección, al final se botaron. En muchas decisiones estuvimos cuatro a cuatro, teniendo el voto de calidad la Asociación de Abogados de Oriente quedábamos cinco a cuatro, en otras tuvimos cinco a tres, esos filtros fueron poco a poco quitados, las barreras técnicas y los temas relacionados con independencia, moralidad y competencia, y con la representatividad de las asociaciones, fueron poco a poco eliminados y dio como resultado lo que ahora tenemos. El trabajo en general fue un mal trabajo en toda la etapa inicial. Sí valoramos mucho la etapa final de la Fedaes, fue ejemplarizante.
¿Es la Fedaes una entidad ideologizada?
Lamentablemente muchas de las asociaciones que conforman la Fedaes han permitido que el gremio se vea invadido de presiones político partidarias, es una realidad que varias de las asociaciones están obedeciendo una línea partidaria, ya a estas alturas es innegable que la Fedaes necesita abrirse a mayor representatividad. Tiene que permitir más asociaciones siempre y cuando estas asociaciones estén comprometidas con esa tarea constitucional que nos ha sido asignada.
¿Qué tanto pesa ideología en los gremios de abogados, por ejemplo: el CEJ se identifica con ARENA y el Unajud con el FMLN?
No, eso lo niego rotunda y enfáticamente, nosotros no tenemos ninguna vinculación. Si de algo nos jactamos es de no tener ningún vínculo con ningún partido político.
¿Ni sus miembros?
En nuestra membresía hay miembros del partido PDC, ARENA, FMLN, por ejemplo: cuando no era presidente, fui compañero de directiva de dos actuales miembros del FMLN como Óscar Canjura hijo y Jacobo Sosa, asesor del FMLN en la Asamblea Legislativa, pero el hecho de que esas personas individualmente estuvieran militando en un partido no significaba que la institución estuviera vinculada con un partido; en la directiva actual no hay ningún vinculado con algún partido, nunca hemos estado vinculados con ningún partido y en el esfuerzo que estamos mucho menos. Hicimos un escrutinio profundo para identificar si las personas que estábamos proponiendo de verdad no tenían ninguna vinculación. Me precio de negarlo enfáticamente. El otro ejemplo, el caso de Unajud, no hay manera de negar el vínculo, el presidente de Unajud es el asesor del FMLN y más concretamente del diputado Schafik Hándal, que está tomando la decisión sobre quiénes van a ser los magistrados que la Asamblea Legislativa va a elegir. El señor Herbert Amaya. Unajud es una asociación que no tengo duda que pertenece de manera orgánica al FMLN, es un brazo gremial del FMLN. Lo que criticamos es que por vía influencia político partidaria se intente presentar una cara gremial, es distorsionar el ejercicio de la profesión.
¿Por qué se habla de la independencia político partidaria, y no independencia de grupos, ya sea de crimen organizado, económicos o de poder con múltiples intereses?
La independencia no solo es independencia político partidario, esa es apenas la más evidente y la más importante, pero la independencia debe ser de esos grupos que menciona, debe el juez ser independiente de esos grupos de poder, sociales, gremiales, religiosos, económicos. Cuando hicimos este ejercicio de identificar nuestra propuesta escrutamos a estas personas para identificar si tenían estos intereses, nos han completado información donde aparecen incluso sus préstamos bancarios, la pertenencia a gremiales. ¿Por qué es más importante la independencia político partidaria? Porque el rol que ejerce el magistrado de la Sala de lo Constitucional es controlar el poder de los otros órganos de Estado, si tenemos a un magistrado que tenga un vínculo político partidario con el partido de gobierno de turno... esta Sala va a tener a tres Asambleas Legislativas a quien controlar y dos Órganos Ejecutivos.
¿Cómo pueden los diputados verificar si un magistrado es capaz de recibir un soborno o un favor de un caso?
El requisito de honradez se utiliza para los diputados, ahí tenemos mucho trabajo, y para los magistrados, de moralidad. La Constitución dice moralidad notoria. Justamente los diputados no tienen por qué conocer a los 30 candidatos, por eso es importante que los diputados tengan un espacio en donde la ciudadanía pueda aportar en función de esa búsqueda de moralidad notoria; un diputado puede no conocer a un candidato pero los vecinos de ese candidato sí lo conocen. Tampoco se trata de inventar, sino información que pueda comprobarse.
¿Qué es lo indispensable para usted en un magistrado de la Corte?
Competencia y moralidad notorias, si estamos diciendo que una persona es notoriamente competente es porque tiene los conocimientos, la experiencia y la trayectoria profesional como juez, litigante, funcionario, necesaria para ocupar una magistratura, ahí hay que determinar cuál magistratura. No estamos diciendo moralidad porque presento mi constancia que no tengo ninguna sanción del Tribunal de Etica Gubernamental, eso es completamente insuficiente, no es una moralidad de un nivel bajo, la exigencia es que se note que tengo esa moralidad y yo no soy el calificado para decir que tengo esa calidad. Por eso, es necesario dar esos espacios a la sociedad civil. Por último, la independencia. Deben identificarse conocimientos para administrar, muchos de los problemas del Órgano Judicial vienen por errados criterios administrativos. Y que sean jueces con criterio y temperamento, con personalidad, que no se vayan a amedrentar ante las primeras reacciones que puedan empezar a ocasionar con sus decisiones. No nos sirve de nada un magistrado con elevados conocimientos jurídicos si a la hora de las presiones esos criterios jurídicos van a ceder. Imagínese si la Sala de lo Constitucional hubiera cedido a manifestaciones de amenazas.
¿Cómo evalúa el proceso de entrevistas a los candidatos a la CSJ que está haciendo la Subcomisión Política de la Asamblea?
Lo evalúo como regular. Tomando en cuenta que los procesos previos eran malos, éste creo que le daría esa nota de regular, porque se ha avanzado bastante en el formato de las entrevistas, en la profundidad de las entrevistas, en la oportunidad que tienen los diputados de preguntar y repreguntar, sobre todo en la oportunidad que tienen la ciudadanía y los asistentes de preguntar a los candidatos, eso no lo habíamos visto nunca y es muy importante; pero digo regular porque a la fecha seguimos sin tener un protocolo que identifique las reglas que van a seguirse en el proceso, esto sigue siendo improvisado o sigue siendo a la buena fe de los candidatos y la ciudadanía, que espera se conduzca un proceso sin conocer las reglas, es un poco complicado que los candidatos se están sometiendo a un procedimiento sin conocer cuáles son las reglas del juego y que no se ha identificado ningún parámetro de selección que elimine la discrecionalidad o arbitrariedad a la hora de tomar una decisión.
¿Qué significa que cuatro magistrados que han cambiado la jurisprudencia constitucional ahora terminen su periodo?
Plantea un reto importante para el Órgano Judicial y para la ciudadanía porque esta independencia que han mostrado los magistrados, que la aplaudimos, ha llevado a que se tomen criterios jurídicamente cuestionables con los que no hemos estado de acuerdo. Preferimos, eso sí, diez mil veces a un juez que se equivoque siendo independiente, eso lo preferimos diez mil veces. Pero esto deja abiertas ciertas líneas jurisprudenciales que mal utilizadas pueden causarnos mucho daño y ese es un reto adicional por lo cual nos debemos enfocar en el perfil de los candidatos. Para modificar un precedente jurisprudencial hay que justificar por qué hay una consideración extraordinaria que mueve a cambiar el precedente. Mientras existen los precedentes actuales de la Sala, muchísimos de ellos buenos, algunos criticables, estamos estamos abriendo una puerta que, de llegar malos magistrados, puede perjudicar mucho a los ciudadanos.
¿Por qué?
(Por ejemplo), el caso de los diputados suplentes, estamos de acuerdo con la conclusión pero no encontramos cómo llegan a ese punto sin que se los hayan pedido, eso nos pareció una línea jurisprudencial peligrosa porque el principio de congruencia no se resuelve de manera tan estricta.
Perfil
Humberto Sáenz
Presidente del CEJ, directivo de Fedaes. Doctor en derecho privado, Universidad Autónoma de Barcelona y Universidad Dr. José Matías Delgado. Maestría en Derecho Privado de la Universidad Autónoma de Barcelona, posgrado en negocios internacionales, Universidad Anahuac del Sur de México, maestría en administración, licenciatura Universidad Dr. Matías Delgado.