El director del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (Alac), de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Roberto Burgos, señaló ayer que la Presidencia de la República, la Comisión Ejecutiva Autónoma Portuaria (CEPA) y el Ministerio de Defensa siguen restringiendo información pública.
De un total de 720 peticiones de información pública, de mayo a diciembre de 2015, “casi el 100 % han sido respondidas” según Burgos.
Sin embargo, aseguró que esta respuesta no es suficiente. “No estamos en un Estado fallido pero sí tenemos funcionarios fallidos”, afirmó.
Sin embargo, Alac-Funde reconoce que el Ministerio de Salud, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Corte Suprema de Justicia y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) facilitaron el acceso a información pública.
Burgos sugirió que el proceso de acceso a la información “debería ser un proceso ciudadano”. “Presidencia se vale de un montón de recursos legales” para rechazar información, señaló.
A ello le sumó a “hostigamiento constante” de personal de la Secretaría de Participación Ciudadana. “Se sigue identificando al peticionario de información como un enemigo”, denunció.
Burgos aclaró también que, en el caso de la petición de viajes del expresidente Mauricio Funes, no han solicitado el protocolo de seguridad, sino el gasto.