El secretario a cargo de esa oficina pública, Marcos Rodríguez, confirmó que esa secretaría no realiza un control interno del uso de esos fondos, argumentando que “no le compete” hacerlo.
“No le compete a la Secretaría de Transparencia, usted puede revisar el reglamento interno del poder Ejecutivo; si lo tuviese, estaría injiriendo en la auditoría interna, en la auditoría externa, que le corresponde a la Corte de Cuentas o estaría injiriendo al monopolio de la investigación que le corresponde a la Fiscalía General de la República”, dijo el pasado miércoles.
–Parece increíble que no se haya hecho un control o que alguien de Casa Presidencial no haya alertado, en cualquier gobierno, le cuestionó Diario El Mundo al secretario.
“Eso es desde siempre. Yo creo que esto se debe, primero, a que el manejo de fondos está muy restringido al Presidente, es una competencia del Presidente, no de un ministro, no de un secretario”, respondió el funcionario.
Argumentó que incluso se llama “partida de gastos reservados” y que nadie “en ningún gobierno”, salvo que el mecanismo que establece la ley, “se encarga de manejar y supervisar esos fondos”.
La Corte de Cuentas nunca ha auditado los fondos reservados de la Presidencia de la República. En junio pasado, la presidenta de la Corte de Cuentas, Carmen Rivas, dijo a Diario El Mundo que la Presidencia de la República ha negado información de los fondos reservados.
“Eso es algo que tiene que ver con la relación de Corte de Cuentas y Fiscalía y es parte del proceso reservado que, en su momento, sí era público”, justificó Rodríguez.
Los fondos reservados se encuentran en la subpartida “54315” dentro de la partida “543” denominada “Servicios generales y arrendamientos”, bajo el presupuesto de la Presidencia de la República.
De enero a julio de 2018, la partida de “Servicios generales y arrendamientos” ha erogado $20,088,427.22 de acuerdo a la ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda. Pero la Presidencia de la República tiene un presupuesto programado y modificado de $38,197,199.73 para “Servicios generales y arrendamientos” en 2018.
Continúa dentro de la misma partida
La partida de “Servicios generales y arrendamientos” continúa contemplando los fondos reservados en la Presidencia de la República.
En el año 2018, la partida de “Servicios generales y arrendamientos” ejecutada de enero a mayo sumó $17.6 millones de acuerdo al portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda.
Un informe de gastos reservados de la Presidencia de la República indica que el gasto reservado de enero a junio de 2018 fue $15 millones, $2.6 millones menos.
Esto quiere decir que la partida de gastos reservados es el 85.2 %, casi la totalidad, de los “Servicios generales y arrendamientos”.
Una investigación de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) determinó que los fondos reservados han sido históricamente casi la totalidad de la partida de “Servicios Generales y Arrendamientos”.
En 2015, uno de los años de mayor gasto en la gestión actual, de $59.3 millones de Servicios generales y arrendamientos, se utilizó $52.5 millones en gastos reservados.
Para el secretario de Transparencia, esto no significa que los gastos reservados estén “escondidos” dentro de otra partida. Señaló que lo que sucede es que el presupuesto a la Asamblea Legislativa “es un documento de mil páginas, es tan extenso” que “no se lee públicamente cada uno de los rubros, pero el documento tiene hasta cinco dígitos”.
El estudio de la Funde sostiene que la Corte de Cuentas sí tiene acceso a toda la información de los fondos reservados, siempre y cuando los maneje bajo reserva.
Atribuciones
El reglamento del órgano ejecutivo regula algunas atribuciones a la secretaría de Transparencia:
Artículo 53-A
El secretario de Participación, Transparencia y Anticorrupción tendrá las atribuciones:
- f) Recibir las diferentes quejas de la ciudadanía, documentarse y analizar los indicios de irregularidades que se estuvieren presentando o se hubieren presentado en las instituciones del Órgano Ejecutivo... Podrá solicitar la colaboración de las referidas instituciones, a través de sus respectias unidades de auditoría interna.
- r) Promover una gestión administrativa basada en el principio de austeridad, gobiernos incorruptibles, éticos y transparentes, para ser un gobierno democrático sometido al control ciudadano.