Aseguró a los magistrados de la Sala de lo Constitucional que el decreto ejecutivo 29 suspende los plazos y que si “de verdad les importa la suspensión de plazos judiciales solo tienen que ampliar la vigencia del decreto ejecutivo 29”, “tienen 3 días para renovar ese plazo”, les advirtió.
Esta tarde, la Asamblea Legislativa prorrogó la suspensión de los plazos con una reforma: excluyó la suspensión de plazos en las unidades de acceso a la información pública de las instituciones del Estado y en el Instituto de Acceso a la Información Pública.
El decreto legislativo exigiría al Estado a entregar información pública a los ciudadanos que la soliciten, ya que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) le da 10 días a una institución para responder a un ciudadano solicitante.
Durante la pandemia COVID-19 estos plazos han estado congelados también en el acceso a la información pública.
Bukele agregó que mañana “ningún empleado judicial está autorizado a salir de su casa” a menos que sea a comprar alimentos o medicamentos según su número de Documento Único de Identidad. El decreto 29 da un calendario para compra de alimentos y transferencias bancarias.
La compra de medicamentos fue suprimida del calendario de compras según DUI, según la versión publicada en el Diario Oficial. También, los jueces, magistrados y empleados de tribunales están incluidos entre las personas a quienes no se puede restringir la circulación, según el artículo 9.