El decreto establecía la extensión de las matrículas de comercio hasta el 31 de diciembre de 2020 y fue presentada por el diputado Francisco Zablah, de Gana.
En el veto, el Presidente señala que se pretende eximir del pago de derechos de registro y dejar sin efecto cualquier multa o recargo por incumplimiento.
Argumenta que el decreto viola el principio de equilibrio presupuestario. Señala que el Ejecutivo no puede aprobar la disminución considerable de los ingresos sin consultar al Ministerio de Hacienda ni al Centro Nacional de Registros, violando además el principio de deliberación. Eso, dice, agravaría el déficit fiscal.