El jefe de la Sección de Probidad de la CSJ tendrá un refuerzo de 15 plazas. / DEM
La Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene trabajo pendiente: aún no ha hecho el usual análisis previo de 7,548 declaraciones patrimoniales y 2,007 informaciones completarias de funcionarios y exfuncionarios del Estado.
Probidad hace este análisis para ver si las declaraciones y los documentos entregados por los funcionarios están completos. Si están completos, Probidad dice que hay un “cumplimiento total”. En 2016, hubo 785 que tuvieron cumplimiento total y 1,136, cumplimiento parcial. Esto no implica que no tengan indicios de enriquecimiento ilícito.
Probidad debe verificar si hay indicios de enriquemiento ilícito; en esa fase están investigadas solo 76 personas, de quienes Probidad ha solicitado información a los bancos, a registros de propiedad y vehículos, y otras instituciones. Su objetivo es verificar si es verdadero el crecimiento patrimonial declarado por los funcionarios, y así detectar indicios de enriquecimiento ilícito.
De esos 76 investigados en los últimos tres años, Probidad ha depurado 15, asegura que está “procesando” otros 20 casos y 41 los cataloga como “pendientes de procesar”.
El jefe de Sección de Probidad, Carlos Pineda, dice no dan abasto aunque tuvieran 50 personas, por la cantidad de funcionarios que están obligados a declarar. Pineda aseguró que los próximos cinco casos estarán concluidos a finales de febrero o inicios de marzo.
El área de Probidad será reforzada con 15 empleados más y tiene cuatro personas más de manera interina.
Ante la pregunta si se siente respaldado por la Corte, respondió: “De recursos, prácticamente, sí”. Luego, se le preguntó si da abasto con el trabajo. “No. Aunque tengamos 50 personas no damos abasto, son 390 instituciones y cada una tiene un universo de obligados propio”, dijo.
Además de eso, Probidad tiene pendiente la labor de resguardar digitalmente 92,000 declaraciones en un archivo especial.
