La procuradora general de la República, Miriam Aldana, abrió la posibilidad de que los diputados puedan declarar de orden público la imprescriptibilidad de delitos de corrupción para que dichos procesos penales sea retroactivos. Sin embargo, no fue categórica, ya que dijo que los legisladores deben hacer la ponderación de acuerdo a la realidad de cada país. “Tiene que ser con mucha sensatex y responsabilidad”, insistía. “Los juicios de ponderación se hacen sobre situaciones de facto, ni esta servidora tiene la vara mágina para decirle sí o no”.

Esa respuesta se dio ante la insistencia del diputado René Portillo Cuadra el pasado lunes, cuando la Comisión recibió a la procuradora para escuchar su opinión sobre la reforma al artículo 32 del Código Procesal Penal que propuso el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, a la Asamblea Legislativa. La reforma pretende que 13 delitos de corrupción nunca prescriban y puedan ser investigados independientemente de la fecha, incluso retroactivamente, por orden público.

Aldana dijo que es posible declarar orden público en este caso, porque “son legisladores”. “Pueden hacerlo porque este tipo de regulaciones van a corregir graves afectaciones, esto pudiera ser equivalente a que tuviéramos un terremoto”, defendió la declaratoria de orden público de la reforma.

Sin embargo, el diputado Portillo Cuadra le hizo la pregunta: “¿Qué opina del tema de imprescriptibilidad?, ¿bastará con un examen de ponderación?”.

La funcionaria respondió que se trata de hacer una valoración de la preponderancia de cuál es el interés público en el caso. “Vamos a depender del juicio de ponderación, del juicio de razonabilidad... Esto no es ipso facto”, dijo.

Portillo Cuadra le dijo que él conoce países en donde se aprobó la imprescriptibilidad de delitos de corrupción, como México, Argentina y regiones de España.

“Pero no conozco un país que haya aprobado una reforma en donde haya sido retroactivo. No el tema de la imprescriptibilidad sino el tema de la retroactividad”, preguntó.

La procuradora respondió que eso “depende de la realidad de cada país”. “Fueron ponderadas de acuerdo a su propia realidad. Ustedes determinarán si eso es válido o no”, contestó.

El diputado insistió y le preguntó por el cumplimiento de los instrumentos de derechos humanos. La funcionaria le respondió que es “un conjugado de elementos” que debe realizarse. “No es una norma cerrada”.

La funcionaria insistió en que la Constitución deja la posibilidad de hacer una “ponderación” ante cada realidad de cada país. “Ningún tratado internacional va a venir a señalar qué hacer y qué no hacer”, le dijo, “ni esta servidora tiene la vara mágica para decirle sí o no”.