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El equipo ad hoc que estudia las propuestas para una eventual reforma a la Constitución del del país, acordó con las mesas de trabajo “otorgarle a la población el derecho a la Iniciativa de Ley que no está en la Constitución actual”, y reformar así el Artículo 133.

El sexto numeral que se adicionaría rompería con la exclusividad de las iniciativas de ley que por ahora solo pueden presentar el presidente, diputados, Corte Suprema de Justicia, concejos municipales y el Parlamento Centroamericano.

Según el equipo, si se reforma dicho artículo, los ciudadanos podrán presentar sus iniciativas respaldadas con “50,000 firmas de ciudadanos en el ejercicio de sus derechos políticos”. “Recibida la iniciativa y verificada la legitimidad de las firmas por el ente electoral, se le dará ingreso y se activará el proceso interno para su remisión y estudio en la comisión legisltiva correspondiente conforme al proceso de formación de ley”, señala el equipo ad hoc.

Pero la reforma al Artículo 133 no será suficiente, también proponen agregar un inciso al Artículo 143, “el cual declara que todo proyecto o iniciativa de ley deberá ser estudiada y analizada en un plazo no mayor de un año”.

Presidentes indenpendientes


También en las propuestas a la reforma el equipo ad hoc estudia la eliminación del requisito de estar afiliado a un partido político para ser candidato a la presidencia de la República, conforme jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y “porque ese requisito se estableció en 1983 durante la guerra civil, como norma contrainsurgente”.

Asimismo en las mesas de trabajo se propuso reformar el Artículo 144 sobre los tratados internacionales celebrados por El Salvador con otros Estados o con organismos internacionales y, que según las propuestas, “la ley no podrá modificar o derogar lo acordado en un tratado vigente para El Salvador. En caso de conflicto entre el tratado y la ley, prevalecerá el tratado”.

“Y se agregó un inciso, el cual expresa que toda normativa relativa a los derechos humanos, sería incorporada al ordenamiento jurídico, mediante su interpretación de conformidad con nuestra Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo a las personas en todo momento la protección más amplia”, justificó el equipo que estudia las propuestas.