¿Cree que El Salvador va por el mismo camino que Nicaragua o Venezuela?
No me gusta hacer mucho hacer esas comparaciones. Cuando fallamos, parece como que ni no se hubiese cumplido y no hubiera un problema, pero sí creo que hay muchas cosas en común. El deterioro autoritario que está sufriendo El Salvador es consecuencia de un liderazgo carismático populista de un gobernante que logra controlar el Legislativo y que ataca el sistema de justicia, es algo en común. El uso de la narrativa oficial para gobernar apelando a la relación directa del gobernante con el pueblo entre comillas, diluye la idea de ciudadanos, porque esta tiene consigo la idea de derechos y libertades; en cambio, la del pueblo, no. No es casual porque, cuando te comunicas directamente con el pueblo prescindes o ya no necesitas la sociedad civil organizada intermedia y eso es peligroso. Al hacerlos innecesarios, se hace a un lado uno de los mecanismos de participación de la ciudadanía, las asociaciones, las empresas, todo lo que sea intermedio y organizado. También, el ataque a los medios de comunicación.
Venezuela no es lo mismo que El Salvador por un tema estratégico y de recursos. Venezuela podría permitirse plantear una postura desafiante con socios como Estados Unidos porque tiene una fuente de recursos naturales de hidrocarburos muy valiosa. Eso no ocurre en El Salvador, El Salvador para poder tener una actitud así de desafiante tiene que tener otros respaldos, ¿cuáles?, aún no queda muy claro.
Cuando te comunicas directamente con el pueblo, un poco prescindes o ya no necesitas de la sociedad civil organizada intermedia y eso es peligroso. Al hacerlos innecesarios, se hace lado uno de los mecanismos de participación de la ciudadanía”.
El 1 de mayo ocurrió algo histórico. ¿Cómo definiría lo que pasó?
Es un punto de quiebre, el segundo, tuvimos uno en febrero cuando se ingresó con las fuerzas armadas al recinto de la Asamblea Legislativa, pensé que se había traspasado un límite infranqueable pero esta vez se ha ido más allá. La remoción de los magistrados vino acompañada por el uso de la fuerza para tomar de facto las instalaciones de la Sala y de la Fiscalía, es una herida profunda de la que va a costar recuperarse.
El presidente salvadoreño ha dicho no hay vuelta atrás. ¿Qué significa?
Me hace pensar en otros proyectos políticos de la región que requieren necesariamente el control del sistema de justicia, los proyectos políticos totalitarios porque el poder judicial es un poder conservador en un sentido amplio de la palabra, que conserva el Estado de Derecho, las reglas que existan. Cuando un gobernante empieza a tener rasgos autoritarios, no puede moverse dentro de esos límites y necesita controlar a los árbitros, eso es lo que ha ocurrido el 1 de mayo.
¿Qué tanto ha retrocedido la democracia desde 1992?
El Salvador era una democracia débil, pero estable con una alternancia de partidos, como un ejemplo en el que se había logrado luego de los Acuerdos de Paz, una convivencia democrática aunque con tensiones, dentro de las reglas del juego, pero esto que ocurrió fue un retroceso brutal, quizás hasta mucho antes de los Acuerdos de Paz.
Aunque haya un gran apoyo mayoritario en este momento, la gente tiene que entender que cualquiera de ellos podría ser en cualquier momento víctima de una violación a sus derechos y no tendría un sistema de justicia o un Estado que lo proteja”.
El presidente ha dicho que le falta tomarse el aparato ideológico, refiriéndose a tanques de pensamiento y medios de comunicación. ¿Qué se espera?
Para ser honesta, el proyecto del presidente Bukele no le hace honor al nombre de su partido Nuevas Ideas porque no son muy nuevas, los gobiernos de la región han utilizado esas mismas ideas, en realidad no he visto ninguna más allá de romper con la política tradicional pero, una vez eliminados los contrincantes políticos tradicionales, va a dar un salto al vacío, ¿cuál es su propuesta ideológica?, ¿cuál es su proyecto de país? Tiene que tener un proyecto más allá de perseguir a los enemigos políticos y esa pregunta todavía no tiene una respuesta. Ideas, no hay, ni nuevas, ni ideas.
¿Cómo califica el cierre de la CICIES en El Salvador?
Los eventos que han detonado la salida de la CICIES han sido usados como excusa para deshacerse de un mecanismo que ya le estaba siendo incómodo al Ejecutivo. Una muestra es la ley que establecía la no responsabilidad penal de las personas que participaron en la gestión de fondos de la pandemia y la captura de la Fiscalía. Esa incomodidad terminó de plasmarse en una excusa para precipitar la salida de la CICIES. Es una prueba fehaciente de la debilidad de la CICIES, porque un mecanismo de ese tipo no debería poder salir cuando un presidente chasquea los dedos, sobre todo cuando tiene una misión tan importante cuando involucra a la comunidad internacional, a países que están donando para apoyar a El Salvador. Es una burla haber dedicado a la CICIES prácticamente toda la pandemia a investigar las irregularidades en la gestión de los fondos para después decir que no se puede hacer nada con eso.
¿La CICIES debe publicar sus investigaciones?
Debe hacer un informe completo de su gestión. Debe hacerse un análisis de aquellos aspectos que pueden ser revelados sin perjudicar las investigaciones futuras porque, aunque la mayoría estaba referidas a covid19, no todas lo estaban y hay que guardar la presunción de inocencia de las personas investigadas. Pero, sí, hay que dar información, más que de personas, de irregularidades, montos, procesos, fenómenos criminales.
El Gobierno dice que instalará una nueva CICIES. ¿Qué características debería tener?
Tendría que ser independiente del Ejecutivo, lo cual es casi imposible. No creo en la sinceridad de esa promesa, aún cuando formalmente pueda ser independiente del Ejecutivo, el Ejecutivo tiene un control en el Legislativo, es más o menos lo mismo, con una Fiscalía que no está dispuesta a colaborar, no creo que se pueda llegar a buen puerto. Creo que este no es el momento para una nueva CICIES porque me preocuparía que fuera utilizada políticamente para dar una apariencia de tomar en serio la lucha contra la corrupción y usarla más bien para perseguir a enemigos políticos y eliminar la oposición política que pueda tener utilizando como excusa la lucha contra la corrupción.
Las (oenegés) que reciben fondos públicos deben dar cuentas de esos fondos públicos. Las que no, tienen derecho a negarse y resistir usando los recursos que el ordenamiento les permita para no revelar que les pertenece, privada”.
¿Cómo evalúa el estado de la libertad de expresión y de los derechos humanos?
Es muy preocupante, estamos presenciando una verdadera persecución, criminalización de la prensa independiente, sobre todo aquella que ha investigado temas de corrupción y una criminalización de organizaciones defensoras de derechos humanos, que han sido señaladas públicamente por el presidente con nombre y apellido. Es propio de gobiernos totalitarios eliminar toda capa social organizada, todo lo que puede implicar algún nivel de organización de la sociedad civil para desarticular cualquier plataforma entre el gobernante y el pueblo.
La Asamblea Legislativa anunció una investigación contra organizaciones no gubernamentales. ¿Qué deben hacer las oenegés?
Cuando se reciben fondos públicos, siempre se necesita mecanismos de rendición de cuentas, eso no tiene por qué ser alarmante ni preocupante. Lo que pasa es que algunos gobiernos de la región han utilizado esas fórmulas para tratar de afectar la posibilidad de las organizaciones civiles de recibir financiamiento externo. Por ejemplo, en el Perú se aprobó una ley para considerar que solamente se podían tener beneficios de exoneración tributaria aquellas organizaciones que se inscribieran en un registro, al inscribirse, estaban sujetas a un régimen de auditoría más intenso, eso tiene efectos inhibitorios de la libertad de asociación. Las que reciben fondos públicos deben dar cuentas de esa porción. Las que no reciben tienen derecho a resistir usando los recursos que el ordenamiento les permita.
Un ministro aseguró que daban seguimiento a los periodistas que hacen apología del delito, aunque después aclaró que se trataba de un monitoreo. ¿Qué opina de ello?
Hay una prohibición que se deriva de los tratados de derechos humanos de utilizar el poder punitivo penal del Estado para censurar, limitar, la libertad de expresión. Cuando un periodista da una información que lesiona algún otro valor, la forma de responder del Estado debe ser con la responsabilidad civil y administrativa, si es un medio de comunicación, pero no la responsabilidad penal.
Hablar de apología del delito es traspasar ese umbral de protección a la libertad de expresión. El seguimiento es muy preocupante, en muchos países se ha dado seguimiento usando servicios de inteligencia del Estado por considerar que la prensa pone en riesgo la seguridad interna y en realidad son prácticas totalitarias que lo único que buscan es acallar voces críticas y disidentes. El apoyo político debe ganarse con acciones, no acallando la crítica.
No he visto ninguna idea más allá de romper con la política tradicional, pero una vez eliminados los contrincante, va a dar un salto al vacío, ¿cuál es su proyecto de país. Tiene que tener un proyecto más allá de perseguir enemigos políticos”.
Estados Unidos ha emitido medidas por la situación de El Salvador. ¿Son presiones efectivas?
Sí, aunque el Gobierno de El Salvador no dé muestras de sentirse herido por esas presiones, son el comienzo porque al menos en mi opinión esa lista va a ir creciendo con el paso del tiempo y debiera incluir a las personas que aceptan los cargos ilegítimos en la Sala de lo Constitucional y en la Fiscalía. Son pocos los casos en los que estas listas han incluido a funcionarios del sistema de justicia pero han ocurrido, por ejemplo, la magistrada Blanca Stalling.
¿Cómo la comunidad internacional puede ayudar?
Es muy importante que la comunidad internacional no saque el dedo del renglón en el caso de El Salvador, no solamente los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen un interés geopolítico por la relación histórica que existe con El Salvador, pero esto es un tema que interesa a toda la región, desde Chile hasta Canadá, porque la ruptura de los regímenes democráticos y la no reacción de la comunidad internacional es contagiosa, entonces, los Estados tienen que ofrecer estabilidad, hay diversas razones, políticas, económicas, un marcado estable genera el crecimiento y prosperidad de toda la región.
¿Cómo la influencia de China puede afectar la democracia?
Su rol no está claro, va a ir aclarándose con el tiempo. Sería ingenuo por parte del Gobierno de El Salvador pensar que estas potencias van a poner todas sus cartas para defender esa relación de manera altruista, sin exigir nada a cambio. Me preocupa eso porque son gobiernos no comprometidos con la democracia, que en sus propios países hay muchas restricciones a las libertades de los ciudadanos y no van a hacer ningún tipo de crítica a lo que pueda suceder a los ciudadanos. Y, aunque haya un gran apoyo mayoritario en este momento, la gente tiene que entender que cualquiera de ellos podría ser en cualquier momento víctima de una violación a sus derechos y no tendría un sistema de justicia o un Estado que lo proteja.
Algunas organizaciones han solicitado la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática de la OEA a El Salvador...
Estas sanciones normalmente se van aplicando gradualmente, los países también reflexionan respecto al timing adecuado para aplicarlas, el problema es que a veces es demasiado tarde. Cuando se aplican muy tarde, pierden eficacia y el resultado termina siendo aislar de la comunidad internacional, de circuitos de inversión, cooperación y eso al final quien lo sufre son los ciudadanos, no los gobernantes. Dependerá un poco de la capacidad de resistir de los gobernantes y de cuánto les importe su pueblo.
3 datos que debes de conocer
- Qué pasó el 1 de mayo
La Asamblea Legislativa destituyó a la Sala de lo Constitucional completa y nombró a nuevos magistrados.
- Qué pasó el 5 mayo
La Asamblea aprobó una ley que exime de responsabilidad penal anomalías en compras de pandemia del covid-19.
- Qué pasó el 4 de junio
El Gobierno, así como el nuevo fiscal general, Rodolfo Delgado, anunció la terminación del convenio con la CICIES.
El perfil
Úrsula Indacochea, directora de programa de la fundación DPLF
Profesión: Abogada peruana con maestría en derecho constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú y estudios de derechos en la Universidad Carlos III de Madrid.
Experiencia: socia de firma peruana sobre derecho constitucional, legal fellow de la Relatoría de Defensores de Derechos Humanos de la CIDH, cofundadora de Constitucionalismo Crítico.