La Corte Suprema de Justicia emitió un informe desfavorable a la solicitud de indulto, por lo cual la Asamblea debía ratificarlo.
La Asamblea Legislativa argumentó a favor de la negativa que “no es posible” conceder el indulto porque existieron graves violaciones a los derechos humanos y está prohibida la amnistía, el indulto, la prescripción de la acción penal y cualquier otra medida que permita disminuir la pena impuesta para dichos graves violaciones.
El dictamen relata que el 15 de noviembre de 1989, en una reunión, “se determinó la ejecución de los sacerdotes jesuitas”.
Señala que se reunieron Benavidez Moreno, Yusshi Mendoza, Ricardo Espinoza Guerra y González Guevara Cerritos, “en dicha reunión se determinó la ejecución de los sacerdotes jesuitas”.
“Somos nosotros o son ellos, ya que estos han sido los intelectuales que han dirigido la guerra por mucho tiempo”, expresó Benavides en esa ocasión, señala el dictamen.
Según el dictamen, el comando de seguridad dirigido por el coronel Benavides Moreno fue nombrado por el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, coronel René Emilio Ponce, y tenía su sede en la Escuela Militar, cuyo director era Benavides.
El dictamen señala que la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) solicitaron la gracia de la conmutación de pena y que no ejercerían el derecho a la indemnización, postura que los diputados consideran “contradictoria”.
En el comunicado, la UCA explica que la petición obedeció a que en el caso “se ha cumplido el proceso de verdad, justicia y reparación, y, por tanto, corresponde a la comunidad jesuita y a la UCA otorgar el perdón”.