La Sala también ordenó hacer pruebas del COVID-19. / DEM
Un hombre de 73 años con diarrea, hipertensión y diabetes, su esposa y su hijo, todos en cuarentena en un hotel de San Salvador, recibieron una resolución a su favor por parte de la Sala de lo Constitucional que permite analizar si sus detenciones son o no ilegales y ordena pruebas del COVID-19.
La Sala decretó un hábeas corpus y nombró a una jueza para verificar las condiciones de alimentación y salud de las personas en cuarentena.
“Evaluando la condición particular del favorecido y su grupo familiar que guardan cuarentena, deberá la autoridad sanitaria practicarles con urgencia e inmediatamente la prueba respectiva para determinar si presentan COVID-19”, reza la resolución.
Si las pruebas resultan negativas, la Sala ordena “remitirlos a guardar cuarentena domiciliar”. Si son positivas, la Sala ordena trasladarlos al centro hospitalario en donde se esté dando el tratamiento a los enfermos del COVID-19.
La Sala decretó un “hábeas corpus” a favor del señor A. C. A., su esposa y su hijo, quienes se encuentran retenidos en el Hotel Serena de San Salvador, ubicado en la colonia Flor Blanca, luego de ser trasladados desde un hostal en Chalatenango.
El hábeas corpus o exhibición personal es una figura jurídica que permite a los privados de libertad resolver ante un juez si su detención es ilegal o no. La Sala indica que es el mecanismo idóneo para proteger a las personas detenidas de ilegalidades.
Así, la Sala nombra a la jueza Nora Montoya como juez ejecutora y le ordena: intimar a la ministra de Salud –hasta ayer fue Ana Orellana– y al encargado del centro de cuarentena, quienes deberán informar sobre la condición de la familia “respecto a su libertad física y el estado de salud” del padre de familia.