La Corte Suprema de Justicia gastó $6.1 millones en seguros de personas durante 2016. / DEM
El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Rodolfo González Bonilla cree que, si se ve el tema bajo el principio de “estricta igualdad”, todos los ciudadanos deberían acudir “al mismo sistema educativo y de salud pública”.
Sin embargo, aseguró que ha escuchado el discurso, dentro de la misma CSJ, que estos seguros son conquistas laborales que buscan mejorar la atención que recibían en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
“Yo no sé si eso (conquistas laborales) puede estar avalado por el principio de igualdad de la Constitución. Realmente no puedo decir cuál es el fundamento más que la decisión libre que toma cada institución de contratar el seguro privado”, afirmó.
Según el magistrado de la Sala de lo Constitucional, no existe una sentencia de dicha Sala que aborde el tema sobre “si esto es tolerado o no por el principio de igualdad”.
La CSJ es la segunda institución que en 2016 gastó más en seguros privados de personas. El seguro a los 15 magistrados de la Corte, que cuesta $387,500, tiene una cobertura mundial y cubre el 100 % de gastos médico hospitalarios por tratamiento de enfermedades, servicios hospitalarios, honorarios médicos, insuficiencia renal, medicamentos recetados de uso continuo, hernias, consultas médicas, exámenes clínicos.
El pasado 3 de enero, la diputada Jackeline Rivera, del FMLN, aseguró que el concepto de seguro privado ha sido sostenido “porque siempre se ha hecho que la cosa pública no sirva históricamente”. “Cómo lo atiende el nefrólogo en el Seguro Social, como que si usted fuera a mendigar”, dijo la legisladora, quien también es beneficia del seguro que paga la Asamblea Legislativa.
Sobre la pertinencia de los gastos en seguros privados de vida u hospitalarios a funcionarios o empleados en riesgo, como policías, el magistrado señaló que “ahí podría tener un cierto sentido”.