El Gobierno decretó cuarentena nacional el 21 de marzo. Aplicó medidas para cumplir. / DEM
Tres mujeres que fueron detenidas por incumplir la cuarentena nacional decretada el 21 de marzo deberán ser conducidas a sus viviendas o lugares de residencia, si en este momento aún siguen detenidas en dependencias judiciales o administrativas distintas a un sitio acondicionado para una cuarentena sanitaria.
La denuncia de las mujeres, quienes residían en la zona rural, fue recibida por la asociación Cristosal, que interpuso la demanda de hábeas corpus.
La decisión implica que los privados de libertad deben ser enviados a sus residencias si no están recibiendo una atención adecuada.
Así, la Sala de lo Constitucional decretó auto de exhibición personal a favor de las mujeres y de todas las personas privadas de libertad desde el 21 de marzo de 2020 con base en el decreto ejecutivo 12, sobre “Medidas extraordinarias de prevención y contención para declarar el territorio nacional como zona sujeta a control sanitario a fin de contener la pandemia del COVID-19”.
Avala centros con buena atención
En su resolución, aclaró que las personas trasladadas a centros de contención en los que puedan haber tenido contacto con personas con COVID-19 “deberán permanecer en tales lugares” con “un trato digno y atención adecuada”.
Ayer, la Sala de lo Constitucional también resolvió otro hábeas corpus a favor de otra familia en cuarentena en un hotel de San Salvador.
La Sala pidió a las autoridades de Defensa y la Policía Nacional Civil que envíen un informe sobre las medidas cautelares adoptadas; y exhortó a regular con urgencia las medidas limitadoras de la libertad física, tanto al Ministerio de Salud como a la Asamblea Legislativa.
La exhibición personal o hábeas corpus busca evitar arrestos arbitrarios y permite a todo ciudadano detenido a comparecer ante un tribunal o una autoridad para determinar si el arresto es legal o ilegal.
La demanda de hábeas corpus con referencia número 148-2020 fue presentada por un representante de Cristosal que denunció que tres mujeres que se encontraban en Jiquilisco comprando en el mercado fueron retenidas por la Policía Nacional Civil y llevadas a la sede policial sin definir su situación jurídica y sin alimentos.
La demanda de Cristosal
Arbitrariedad
Cristosal sostuvo que se trató de detenciones arbitrarias. La Sala de lo Constitucional indica que las mujeres deben ser trasladadas a sus hogares, si en el momento de la notificación no tienen condiciones adecuadas.
A favor de las medidas
Cristosal sostuvo que no está en contra de las medidas gubernamentales para prevenir el Coronavirus, sino de la arbitrariedad y el abuso, como la que, según la asociación, se cometió contra las mujeres.