El diálogo entre la Asamblea Legislativa y funcionarios de la Presidencia sufrió un nuevo impasse esta tarde: los diputados piden que se quite la regulación de salidas para comprar alimentos y medicinas de acuerdo al Documento Único de Identidad (DUI), y el Gobierno busca una cuarentena incluso más estricta.

A través de decretos ejecutivos del Ramo de Salud, el Gobierno ha restringido la salida de compras de alimentos y transacciones en agencias bancarias por casi un mes; sin embargo, Arena, PCN, PDC y FMLN piden que estas disposiciones no se incluyan en la nueva ley.

Después de posponer la sesión plenaria de esta tarde, el presidente legislativo, Mario Ponce, aseguró que el tiempo se agota para lograr un acuerdo. Ahora se ha intentado sacar varias disposiciones del "congelador" sin mayor éxito.

El diputado de Arena, René Portillo Cuadra, pidió "humanizar la emergencia" y valorar una vez más si es necesaria la segmentación de salidas por número de DUI, debido a que "las personas no pueden adquirir medicamentos ni entrar a los bancos para retirar remesas".

El secretario privado de la Presidencia, Ernesto Castro, se limitó a responder que "esta pandemia nos ha afectado a todos de cierta manera" e incluso "el Gobernar es más difícil, hasta legislar es más difícil". Pidió mantener la medida porque "la gente ya se organizó" para solventar las salidas y compras.

La diputada del FMLN, Cristina Cornejo, insistió en que los hogares con un solo responsable y bajos ingresos tienen dificultad para salir según el número de DUI. "No todos tienen para comprar alimentos y llenar la alacena 15 días, con suerte les alcanza para dos o tres días", añadió.

Yanci Urbina, también del FMLN, aseguró que no apoyarán la propuesta para regular salidas porque "la libre circulación es un principio constitucional que solo puede limitarse con un régimen de excepción".

El presidente legislativo, Mario Ponce, señaló que si este artículo queda de esta forma, la ley tendría que ser aprobada con 56 votos y no con 43, pues se estaría haciendo referencia a disposiciones contempladas en un régimen de excepción que indica el artículo 29 de la Constitución de la República por limitar la circulación de los salvadoreños.

El Gobierno no cedió en su postura. El asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta, aseguró que un "límite temporal" es diferente a una suspensión de garantías constitucionales, o una anulación de los mismos.

El tema se envió al congelador para discutirse después. Según la resolución de la Sala de lo Constitucional que "revivió" la emergencia nacional, la Asamblea Legislativa tiene hasta la medianoche de hoy para emitir la normativa.