El estudio de Fusades indica que la deuda autorizada o ratificada durante el Gobierno actual suma aproximadamente $5,200 millones, como una emisión de $1,000 millones en julio de 2020, Certificados del Tesoro (Cetes) y préstamos con más de 60 votos.

Uno de los créditos fue de $27.3 millones ratificado con 66 votos el 4 de junio de 2020 para adaptación al cambio climático.

Otro del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por $20 millones, para respuesta al covid19 fue ratificado con 69 votos el 22 de junio de 2020.

A ello se suman $1,000 millones de eurobonos ratificados el 8 de julio, $50 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) autorizados con 58 votos el 9 de julio para medidas compensatorias contra el covid19 y $250 millones del BCIE para política pública autorizados el 2 de agosto de 2020 con 62 votos.

A la deuda se suman $20 millones de títulos valores ratificados con 80 votos el 13 de agosto de 2020, $645.8 millones de Cetes emitidos el 21 de septiembre de 2020 y $250 millones ratificados por la Asamblea Legislativa el 24 de diciembre de 2020 con 59 votos.

Así mismo, se emitieron $138.7 millones de títulos valores el 24 de diciembre del mismo año. Ese mismo día, se ratificaron con 58 y 59 votos, dos préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de $45 millones y $50 millones, para el coronavirus y los bosques cafetaleros.

De la misma manera, la nueva Asamblea Legislativa también ha aprobado y ratificado créditos: el 11 de mayo de 2021, se ratificaron $250 millones del BCIE para acciones de política pública, con 79 votos; $91 millones del BCIE para el Plan Control Territorial, $109 millones del BCIE para el Plan Control Territorial, $200 millones para la micro y pequeña empresa, $200 millones para desarrollo económico local, entre otros.