La Subcomisión Política redujo el listado a 16 candidatos. Cuestionan la falta de deliberación pública y de criterios objetivos para realizar esa depuración. / DEM
La representante de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Úrsula Indacochea, expresó este jueves ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, que el proceso de elección del fiscal general de El Salvador carece de máxima transparencia.
Detalló que no hay debate y deliberación públicos, no hay criterios objetivos ni mecanismos formales de participación de la sociedad civil.
“Se presentaron 32 candidatos, se les entrevistó, se les evaluó y aún no existen las reglas, ni criterios o al menos públicos. Ya se ha emitido una lista corta con un informe que la sustenta y la sociedad no tiene idea de cómo se llegó a esa lista corta porque no existen criterios públicos, ni de procedimientos, ni de criterios, ni de puntajes”, señaló.
Arnau Baulenas, del Instituto de Derechos Humanos de la Uca (Idhuca), pidió a la CIDH que exhorte a la Asamblea Legislativa que haga públicos todos los antecedentes de los candidatos a fiscal y dé una metodología de evaluación que incluya parámetros de eventuales conflictos de intereses y que, con base en ello, se proponga nuevas entrevistas a los aspirantes.
Jaime López, de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), aseguró que el desafío de esta elección es continuar fortaleciendo a la institución contra la corrupción, por lo que debe investigar intermediarios, destinatarios y encubridores de los fondos públicos desviados, abrir procesos civiles para recuperar fondos desviados a exfuncionarios, partidos, medios, sociedades mercantiles; tomar acciones por posibles actos arbitrarios contra funcionarios que impiden auditorías a fondos reservados; empujar investigaciones de enriquecimiento ilícito y enfrentar la corrupción judicial.
Por parte del Estado, la directora de sistemas internacionales de protección de Cancillería, Gloria Martínez, reconoció que el próximo fiscal general enfrentará retos contra la corrupción. Señaló que las entrevistas que concluyeron el 29 de noviembre fueron abiertas, pero la afluencia no fue como esperaban.
“Como Estado reconocemos que quien sea electo enfrentará retos asociados a la lucha contra la impunidad, corrupción, crimen organizado, lo que exige que nuestros diputados no solo evalúen de forma rigurosa los criterios asociados con la capacidad sino con los antecedentes de honestidad, moralidad”, así como la trayectoria.
Aseguró que trasladarán con pertinencia cualquier observación de la CIDH al proceso de elección del fiscal. La CIDH manifestó interés en vigilar el proceso.