La presidenta de Transparencia Internacional (TI), Delia Ferreira, deja claro que ningún funcionario debe ser beneficiado del Estado a través de su empresa, ni como proveedor, ni como contratado ni como concesionario. Para ello, invita a normar y a poner atención cuando los políticos estén reformando leyes, para que no las dejen, dice, como un queso gruyer.
En esta entrevista, Ferreira parece retar a los candidatos presidenciales a que, en lugar de hacer promesas para su gobierno, den información propia: dinero de campaña, financistas y destino del mismo, declaraciones de impuestos y las declaraciones de patrimonio. Esto, resume, permitiría a los salvadoreños conocer algo más que la sonrisa del dentífrico de los candidatos presidenciales que aspiran a ser el sucesor del FMLN en Casa Presidencial.
DEM: Los candidatos presidenciales prometen diferentes mecanismos de lucha anticorrupción mediante reuniones con personas claves o firmas de compromisos. ¿Qué le pediría usted a los candidatos presidenciales como prueba de autotransparencia?
En tema de financiamiento no necesitan esperar a auditorías posteriores a la elección. Si quieren ser transparentes, ¿por qué no nos dan la información incluso más información que la propia ley les exige aquí?, podrían comprometerse desde ahora en esta elección para informarles a ustedes, los salvadoreños, semanalmente qué dinero recibieron, quién se los dio y en qué lo usaron, imagínate si pudiéramos acceder a eso.
DEM: Qué compraron...
Claro, qué compraron, en qué gastaron el dinero, eso sería fantástico porque eso les permitiría a ustedes los ciudadanos un control eficiente y conocer sobre los candidatos algo más que la sonrisa del dentrífico de los partidos.
DEM: ¿Es posible pedirles, ya que son informaciones con secreto o reserva, las declaraciones de impuestos?
Por supuesto. Nuestro capítulo en México inició un proceso previo a las elecciones que se llamaba “Tres de tres” y les exigía a los candidatos, obviamente era voluntario porque no tenemos el poder de la ley y se hacía público inmediatamente, que presentaran al Capítulo la declaración patrimonial, la declaración de impuestos, la declaración bancaria y entonces eso es más información para el ciudadano. Si quisieran, no necesitamos una ley para eso, necesitamos el compromiso y entonces sería una forma de mostrar que están dispuestos a hacer las cosas que dicen que van a hacer, en general, en el mundo, seguimos escuchando a los candidatos decir que están comprometidos en la lucha contra la corrupción, mi impresión es que saben perfectamente qué es la corrupción, pero no tienen idea de lo que es el compromiso en el sentido de la acción. No es solo el discurso, no es solo sacarse las fotos, firmar acuerdos que después no van a cumplir o incluir en las plataformas electorales promesas que ellos mismos no creen que van a cumplir. Compromiso es ponerse a trabajar; si antes de la elección pueden mostrar que están dispuestos a hacer lo que dicen que van a después transformar en ley, sería una buena para saber que son coherentes y confiables.
DEM: Aquí todavía no se exige la declaración de los conflictos de interés.
Eso es central porque la posición en que el funcionario público tiene que actuar en beneficio del bien común pero tiene algún interés personal que choca con el bien común, en cuanto a compras, decisiones, voy a construir una ruta en el sentido A-B y yo tengo un campo en el sentido B-C, ¿entonces, para qué lado hago el gasto público, para dónde viene bien a la población o para donde me viene bien a mí para sacar mi producción? Esos conflictos de interés son centrales porque son la puerta de ingreso de la corrupción en las decisiones públicas. Tienen que ser hechos públicos y tienen que ser solucionados, y hay muchas formas de establecer conflictividades o establecer que los funcionarios no pueden decidir sobre determinadas cosas, tienen que apartarse o excusarse, o directamente no pueden asumir determinadas funciones porque el interés es claro y no se puede remover. En el mundo hay muchas formas de enfrentar y solucionar los conflictos de interés.
DEM: ¿Qué tan ético es para un funcionario público que la empresa de su familia reciba licitaciones del Estado?
¡Absolutamente un conflicto de interés!, eso no puede ser, no puede ser y habrá que recurrir a otros proveedores.
DEM: ¿Ningún tipo de proveedor?, aquí es prohibido que sea concesionario pero no proveedor.
Exactamente porque muchas veces las prohibiciones están escritas de manera tal que dejan más agujeros que en el queso Gruyer, que es ese queso que tiene muchos agujeritos. Entonces, se dice concesiones, uno va a pedir un permiso y la respuesta es: ‘Ah, pero el permiso no es una concesión’. Jurídicamente eso es cierto. Entonces, hay que tratar de redactar normas y de estar muy atentos cuando los legisladores están elaborando esas normas para que no queden esas ventanas que permiten luego hacer o justificar casos de corrupción.
DEM: En el caso de que ciertos candidatos a Presidente de la República tengan negocios, ¿qué tienen que hacer?
Un mecanismo que se utiliza en otros países, tanto porque la ley lo exige o los propios candidatos deciden para mostrar su buena fe es recurrir a fideicomisos ciegos, es decir, el candidato que tiene empresas o acciones, se desprende de esos bienes, los encarga a alguien que los va a manejar durante todo su periodo presidencial sin preguntarle qué va a hacer con los bienes, manteniendo ciertos principios. Uno puede decir: creo el fideicomiso, esta empresa o esta persona se va a encargar del fideicomiso, sin consultarme, pero obviamente no puede dedicarse al narcotráfico o cosas por el estilo.
DEM: ¿Y no puede recibir donaciones de esa empresa?
Quedan absolutamente separados el interés privado del candidato o del funcionario, en muchos países es cuando ha ganado la elección cuando se desprende eso hasta que termine el mandato. Incluso en algunos países esa prohibición se extiende a unos años después para que no esté el problema de la puerta giratoria.
EDH: En esa línea quería hacerle la pregunta, ¿cree que la corrupción inicia con el financiamiento de la política?
Sin duda, dinero y política. Ahí está la clave, financiamiento de campaña, financiamiento de partidos, financiamiento permanente y ahí necesitamos transparentar, no porque seamos curiosos, sino porque sabiendo de dónde vienen los fondos empezamos a ver si hay conflictos de interés, empezamos a ver cuán coherentes son las propuestas, empezamos a ver qué favores está recibiendo una persona que después se pagan con decisiones públicas, se paga con el uso del presupuesto que todos los ciudadanos pagan. Cuando nosotros peleamos contra la corrupción, lo hacemos, no porque queramos molestar a nadie, sino porque estamos defendiendo el Estado de Derecho, la democracia, las libertades y el bienestar de la ciudadanía. Porque dinero que se va a corrupción es el dinero que no está en las escuelas, las calles llenas de baches.
EDH: ¿Qué más falta además de medios de transparencia?
Las leyes hay que corregirlas, pero lo que les decía es las cuatro i: información, si no tenemos información, no podemos controlar nada; segundo, integridad, tiene que ver con ética pública, conflictos de interés; necesitamos poner fin a la impunidad, si los corruptos siguen disfrutando alegremente de la vida y no pasa nada, porque las causas duran mucho, prescriben, tenemos un problema porque el mensaje es: sigan haciendo, no les va a pasar nada. Necesitamos mostrar que el que incurre en actos delictivos tiene que pagar las consecuencias como cualquier ciudadano de a pie. Finalmente, tenemos que bajar los niveles de indiferencia. La ciudadanía tiene que reaccionar, no puede seguir votando corruptos porque algo hicieron, tenemos que exigir mejores candidatos, tenemos que reaccionar cuando se producen casos de corrupción. Eso manda un mensaje que dice: la sociedad no está dispuesta a tolerar más casos de corrupción.
EDH: Da la impresión que la institucionalidad actúa solo cuando se destapan casos como este. No funciona el marco que tenemos.
Nuestros organismos de control en muchos países latinoamericanos carecen de independencia o de recursos. Hoy el dinero va de un lado a otro a la velocidad de un clic y, mientras tanto, el organismo del control está redactando un hermoso oficio, pidiéndole al juez del país de donde usted acaba de sacar el dinero que le diga de qué dinero se trata y demás, ese papel va a ir a la Cancillería, de ahí a la otra de Cancillería, de ahí al juez del país y usted ha hecho cinco cambios de dinero, ¿me puede decir cómo enfrentar la corrupción así?, son normas y procedimientos del siglo XIX para un problema del siglo XXI. Entonces, si yo no les doy facultades y recursos a los organismos de control, no pueden hacer el trabajo y no es inocente que no se les dé el presupuesto. ¿Quiénes determinan qué presupuesto va a tener cada organismo de control?, los controlados, lo que quieren es cortar los caminos para el control.
EDH: ¿Cómo está El Salvador a nivel latinoamericano?
En algunas cosas han avanzado, ustedes han avanzado en materia de la Ley de Acceso a la Información Pública. En materia de financiamiento en la política han avanzado. No han avanzado todo lo que nos gustaría pero son pasos adelante. Lo que se debe hacer es avanzar y consolidar los avances, siempre digo que luchar contra la corrupción es como jugar al ajedrez, del otro lado hay otros jugadores y esas piezas también mueven tratando de reformar leyes o amnistiar a los involucrados del caso. No estamos solos en el tablero, hay gente que está tratando de poner pegas al trabajo anticorrupción y hay que avanzar y consolidar los avances. De Latinoamérica solo tres países están por arriba de 50 puntos (la escala es de 100 percibido como transparente y 0 como corrupto), El Salvador está a 33, Venezuela 18, siendo de nuestra misma cultura, Uruguay tiene 70, Chile 67, Costa Rica 59, hay que seguir trabajando.
EDH: ¿Hay un estancamiento?
En el mundo lo que se demuestra la corrupción sigue siendo un fenómeno presente, muy consolidado y muy extendido.
DEM: ¿Dónde hay que poner las luces para evitar un retroceso en la lucha anticorrupción?
Yo creo que tenemos que mantenernos activos los ciudadanos, una ciudad activa que reaccione cuando alguien quiere modificar una ley para perdonar o modificar una ley para generar una ventana de oportunidad, estar activos, la sociedad civil organizada, hacer estos trabajos de investigación, propuestas, tenemos que monitorear, por ejemplo, ahora, con una campaña electoral por delante. Sería muy importante que hubiera un compromiso formal de los candidatos, acompañado de un seguimiento paso a paso de si cumplen o no con información al ciudadano. ‘Explíquele a la ciudadanía por qué cambió’. Un control más estricto sobre el funcionario, los legisladores, la administración en general.
DEM: El magistrado Sidney Blanco propone prohibir que los funcionarios tengan cuenta en el extranjero. ¿Ayudaría esto?
Dado que las cuentas en el extranjero ha sido la forma de lavar dinero, se puede exigir, si al país le parece. Lo que se hace normalmente es que las cuentas en el extranjero deben ser declaradas en la declaración patrimonial y fiscal, y pagar los impuestos correspondientes.
DEM: ¿Qué tan clave es la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el combate a la corrupción.
Es central, hay que tratar que los órganos de control tengan a las mejores personas, desde el punto de vista de su integridad y su capacidad técnica, que no lleguen a esas posiciones porque son amigo de un funcionario o de otro, sino porque son los mejores en lo suyo y son personas honestas.
Delia Ferreira
Doctora en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Integra la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Ha sido consultora en temas institucionales y anticorrupción, ha integrado el Board de Transparency International y ha presidido Poder Ciudadano. Exasesora del Senado y de la Cámara de Diputados de Argentina, fue auditora general de Argentina. Autora de varios libros y numerosas publicaciones sobre financiamiento de la política y sistemas electorales, cultura democrática, sistemas de gobierno, entre otros. (Información de nosinmujeres.com).