El presidente legislativo, Mario Ponce, en espera de diputados y funcionarios. / Óscar Machón
Uno de los desacuerdos del diálogo por una ley de emergencia y reapertura de la economía en El Salvador, ante la pandemia por COVID-19, será el plazo que debería durar la última cuarentena domiciliar.
El secretario privado del Presidente de la República aclaró, en dos ocasiones, que el Gobierno habla de una reactivación económica después de 15 días de vigencia de la ley aprobada, descartando así el 6 de junio como fecha de reanudación de labores.
El diputado Rodolfo Parker (PDC) le expresó: “Materialmente la cuarentena no ha parado, el hecho de la formalidad y la entrada en vigencia de la ley no obsta a que esa cuarentena ha sido ininterrumpida”. Sin embargo, posteriormente aseguró que no dará su posición al respecto.
“Es que necesitamos los 15 días, el ministro de Salud va a explicar por qué, son los últimos 15 días, a partir de que el Ejecutivo y el Legislativo se pongan de acuerdo”, dijo por su parte el asesor jurídico Javier Argueta, para que después de ese periodo se abra un periodo en el cual el ministro de Salud pueda declarar cuarentenas en municipios.
Otra de las discordias fue la posibilidad de que privados hagan pruebas COVID-19. El secretario privado sugirió sanciones a los que hagan pruebas y no guarden privacidad de los casos, pero luego pidió dejar pendiente de discusión el tema. El ministro de Salud, Francisco Alabí, había sugerido en esta disposición que los laboratorios comunicaran los casos al Ministerio de Salud.
También, otro punto de desencuentro fue la exigencia de pruebas para los salvadoreños varados que tendrán una cuarentena de 15 días. La propuesta original obligaba a Salud a realizar pruebas en 24 horas con resultados en 2 días.
Los diputados avalaron extender el plazo a 7 días con resultados en 5 días. El Gobierno pidió extender el plazo a 7 días luego de su ingreso con resultados en 8 días, pero el secretario privado pidió receso. Luego acordaron continuar mañana la discusión.