Luego de nueve años, ¿cuál se su balance del trabajo del equipo de magistrados que inició en 2009?
Es un balance positivo positivo, más de 40 o 50 peticiones de reforma electoral que estaban en la Asamblea que no se habían resuelto del 1994 al 2009, en estos nueve años, dentro de nuestro margen de competencias protegiendo el derecho al sufragio pasivo o activo como derechos políticos y, sin entrar a legislar, entramos al tema y se ha hecho una reforma electoral susceptible de mejora pero que deja el país un poco diferente. Otro aspecto era revisar la calidad de elección de funcionarios de segundo grado sin llegar al punto de decirle a la Asamblea este es el idóneo. Si hay que agregar un tercer eje, yo agregaría derechos sociales.
¿Cuál es el tema que más les ha costado ataques, amenazas, intimidaciones?
Podemos decirlo a esta fecha, una semana después de que el fiscal presentó su requerimiento a la Asamblea en este caso Saqueo Público, la mayor crisis fue la de 2012, cuando ciertos partidos en la Asamblea con la intervención del Ejecutivo de Mauricio Funes, quisieron incidir en la Corte eligiendo un tercio de la Corte que les permitiera tener correlación y un fiscal, que les permitiera, incluso nosotros como ciudadanos pensamos que era por el simple afán de tener control de estas dos instituciones; ahora sabemos que era porque querían instituciones que no les investigaran toda esta red de corrupción que se ha descubierto. Fue la crisis mayor, se llevó el caso a la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), que emitió una sentencia que declaramos inaplicable, vino aquí Sigfrido Reyes con diputados a hacer un tarimazo y a querer imponer magistrados. Desde la perspectiva política es el caso más complicado.
¿Han recibido amenazas, intimidaciones personales?
La Asamblea formó comisiones especiales de investigación para revisar si lo que habían hecho en 2009 violaba o no la Constitución, ha habido peticiones de antejuicio que hemos controlado, demandas para que la Corte o Sala de lo Contencioso determinara la legalidad de la elección, ya no digamos difamaciones con trolles en redes sociales, gritones que han venido aquí traídos por diputados, Carlos Ruiz, Blandino Nerio, queriendo forzar el portón de la CSJ, gente con camisas rojas, a querer amedrentarnos, eso lo hemos tenido prácticamente los nueve años. Pero la parte más fuerte fue en 2012, cuando la última semana de abril quiso dejar electo a un tercio de la CSJ y a un fiscal, que dijimos con criterio técnico que no lo podían hacer, el problema no era como se decía por el señor Sigfrido Reyes, intromisión de la Sala en las competencias de la Asamblea, ahora estoy convencido que quizás sin saberlo les tocamos una estructura de protección a la corrupción que quiso Mauricio Funes y la Asamblea del 2012 dejar establecida para tapar todas estas asquerosidades que han hecho y que se están descubriendo.
¿Estas amenazas influyeron en sus fallos?
Aquí sí creo hablar en nombre de los cuatro: no hemos utilizado la Sala como herramienta para favorecer a un partido o perjudicar a otro. Los mismos que votamos para enviar a juicio de enriquecimiento ilícito al señor Antonio Saca y al señor Mauricio Funes, votamos para certificarle a la Fiscalía que investigara posibles ilícitos y que aplicara las acciones correspondientes en el caso del señor Francisco Flores. La sentencia que ordenó hacer democracia interna y revelar su fuente de financiamiento se refería a todos los partidos, hemos verificado que todos, no solo el partido de gobierno, cumplan con su obligación. Que el partido de gobierno tenía otra expectativa y que eso no sucedió, es cierto. Uno como ciudadano piensa que este comportamiento troglodita de un partido que está en el gobierno y lleva 26 años de dejar de ser guerrilla, uno se sorprende, pero hemos hecho el esfuerzo de tratar los casos con criterio técnico... Hay que revisar toda la jurisprudencia para decir a ciencia cierta si se ha cargado la mano, ya son 14 casos de Probidad los que se han resuelto.
¿Cree que este estilo de la actual Sala de lo Constitucional tiene retroceso?
Cada uno tiene su personalidad y desde la perspectiva de la personalidad, el estilo, podríamos tener jueces, no voy a decir condescendientes, más dispuestos a dialogar, a conversar, con los funcionarios del Ejecutivo y el Legislativo. Nosotros tomamos rápido la decisión, a partir de julio de 2009, de no involucrarnos en las decisiones por ejemplo cuando se nos pidió que nombrara la CSJ magistrados para estar en el Consejo de Seguridad Pública, fue el magistrado Blanco y la presidenta de la Sala de lo Penal y ahí rápido ambos coincidieron en que no era conveniente, ambos renunciaron.
¿Por qué decidieron renunciar?
La Fiscalía ejerce dirección funcional sobre la Policía y lleva el caso a un juez que va a ejercer una función de control, necesitamos que el juez sea lo suficientemente imparcial para ejercer el control sobre la legalidad de lo actuado por Fiscalía y Policía. Si hubiéramos pasado estos nueve años en Casa Presidencial y con los diputados, ¿qué confianza podrían haber tenido los ciudadanos de traer una demanda contra una ley o una decisión del Ejecutivo? La última vez que fuimos a la plenaria como el Día de la Constitución fue en 2012. El 1 de junio de 2011 fue la última vez que fuimos a la presentación del informe del presidente de la República, al día siguiente estaba sancionando de forma exprés el decreto 743. En la sesión (del Día de la Constitución), Sigfrido Reyes se puso a decirnos todo. Solo ha estado yendo el presidente de la Corte. No tiene que ver con que somos enemigos, no somos enemigos pero tampoco fuimos parte del proyecto político de su partido. Tomamos la decisión de no participar porque el ciudadano que trae una demanda tiene que tener la confianza de que ninguna llamada del Ejecutivo o Legislativo forcemos el rechazo de su demanda o la admisión de una demanda. Nadie de la sociedad civil ha tenido garantía de que las demandas que traen se le van a admitir.
¿Qué sentencias no deberían revertirse?
Algunas sentencias han mejorado la calidad de la democracia representativa no deberían ser cambiadas pero no depende de mí. Creo que el país ya tomó conciencia de cuánto una sentencia puede incidir en el país y en la vida de las personas que creo yo que van a estar vigilantes de los nuevos magistrados y que van a pronunciarse. También habrá que van a señalar sentencias que les parecen que no son las más adecuadas. Cambiamos algunos precedentes de nuestros antecesores, pero yo creo que vamos a ver cambios no solo de estilo, sino algunos precedentes van a ser cambiados.
¿Cómo ven que se haya violado la sentencia de reorientar ahorros del presupuesto del gobierno a la partida secreta o a la partida de fondos reservados, pese a que había una sentencia de la Sala de lo Constitucional que lo prohibía?
Yo escuché más de alguna vez después de agosto de 2010 que en el Ministerio de Hacienda se estaba violando la sentencia, buscando formas de sortear, evadir, el mandato de esa sentencia, pero nunca, ningún ciudadano, alegando intereses de la República, nadie nos planteó nada concreto y supimos ahora lo que se supo con el requerimiento de la Fiscalía, pero sí nos ha pasado con la sentencia del presupuesto del año pasado, han venido ciudadanos que se están negociando bonos, escalafón o compra de vehículos no necesarios, donaciones a entes particulares y creo que podemos emitir una resolución de seguimiento.
¿Qué deudas ve en Corte Plena?
Una interpretación a las circunstancias de aquí y ahora, fácilmente cualquier ciudadano identifica los mayores problemas, corrupción, violencia, delincuencia. ¿Construir centros judiciales?, no lo creo. Una de las tareas más importantes, si no la más importante, es Probidad. En lo jurisdiccional, en Corte Plena, una de las prioridades es Probidad.
¿En el órgano judicial, cuáles son las deudas?
Darle el 6 % a la CSJ fue una excelente idea en 1992, 26 años después es una muy mala idea, ese presupuesto falta en educación. La Corte, distintas generaciones, no hemos mostrado el mejor criterio para distribuir el presupuesto del órgano judicial. A 26 años de vigencia, el diagnóstico que se hizo en ese momento son reclamos que se mantienen hasta ahora. Los jueces necesitan capacitación. Nosotros eliminamos unas revistas donde publicaban a los magistrados de bajísima calidad literaria.
¿Fueron tímidos en depuración judicial?
Se han removido de la carrera judicial más de 35 funcionarios en los últimos cuatro, cinco años. Hicimos un movimiento de 21 funcionarios del área central y paracentral que solo he escuchado buenas referencias de los mismos abogados litigantes, de los mismos usuarios.
Un diputado sostuvo que una sentencia de la Sala permite reformar las cláusulas pétreas. ¿Es cierto?
Al contrario, no sé si el diputado ha leído mal la sentencia. Hay una sentencia de diciembre de 2012, en que ante el intento de la Asamblea de modificar el artículo 126 de la Constitución la Sala dijo no se puede modificar este artículo. El voto es libre, igualitario y secreto, interpretando esta Sala se dijo que el votante necesita plena capacidad de opción. La Asamblea intentó reformar el 126 para ir en sentido contrario: decir que no habría lista desbloqueada, solo bandera y que las diputaciones las ganarían los partidos en el orden en que inscribieron a sus candidatos. La Constitución tiene tres cláusulas pétreas, alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República, irreductibilidad del territorio, pero hay una que utiliza conceptos abiertos: no se podrán reformar las cláusulas de la Constitución en la forma y sistema de gobierno, es democracia representativa y se dijo en esa sentencia que uno de los componentes es el derecho al sufragio con las características del 78, que debe ser libre y la Sala había interpretado que se daba más libertad. Se nos ha atribuido cualquier cantidad de cosas, pero voy a decirle algo. Costa Rica, para cuando el presidente Óscar Arias buscó la reelección, Nicaragua, con Daniel Ortega, Honduras con Juan Orlando Hernández y Bolivia con el señor Evo Morales, los tribunales constitucionales han declarado inconstitucional o inaplicable artículos que expresamente prohibían la reelección presidencial para permitirle a estas cuatro personas reelegirse. Nosotros hemos reconocido que hay una línea roja que no podemos traspasar y le puedo asegurar que en las 12,000 resoluciones que hemos firmado no la hemos traspasado nunca.
“No voy a quedarme aquí ni siquiera para asesorar a nadie”
¿Por qué no buscó la reelección?
Hay un principio republicano básico y es la renovación de los cargos. El cargo más largo es de magistrado de la CSJ, si uno hizo algo lo hizo en nueve años y el cambio de titular pone a prueba una institución. No puede ser que una institución dependa de quién está. Estoy seguro que más de alguna de nuestras sentencias van a ser cambiadas y eso está muy bien, la jurisprudencia no puede estar escrita en piedra.
¿Cómo se ubica ideológicamente?
En la Constitución hay derechos y principios constitucionales reclamados por la derecha, libertad de empresa, libertad económica; principios y valores que son reclamados por la izquierda, la justicia social, la propiedad en función social, derechos del trabajador, protección de grupos vulnerables y nunca mandamos a nadie a presentar una demanda. Yo creí que iba a venir una demanda para impugnar la decisión de cerrar el caso de Katya Miranda y nunca nadie impugnó nada. Uno a veces tiene la impresión que personeros del FMLN tenían la expectativa que fuéramos parte de su proyecto político partidario y el problema de que se molesten no es de nosotros, es de ellos. Es un problema de primitivismo de políticos.
¿Cuáles es la deuda?
Hay una deuda clarísima: no se abrió las sesiones de Corte Plena ni las sesiones de la Sala. Es de interés público cómo se discute y aprueba el presupuesto, o cómo se hace el proceso de nombramientos de jueces.
¿Ha crecido su patrimonio?
Se mantiene, por supuesto, voy a entregar mi declaración de Probidad, como lo impone la ley, con los precedentes de 2015, que no le quepa duda que van a pedir la declaración y Probidad seguramente va a investigar, tiene que hacerlo y no va a encontrar mi patrimonio. No vine al cargo como una forma de incrementar mi patrimonio, hay otras formas de ejercer lícitamente mi profesión y de incrementar el patrimonio.
Perfil
Magistrado y docente
Magistrado de la Sala de lo Constitucional del 16 de julio de 2009 al 15 de julio de 2018. Máster en derecho y estudios de doctorado en derecho de la Universidad de Barcelona, posgrado en derecho constitucional de la Universidad de Salamanca y licenciatura de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Catedrático de derecho constitucional de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN), exasesor de la Sala de lo Constitucional.