El abogado Enrique Anaya señaló ayer que la elección afectaría tanto la correlación en la Sala de lo Constitucional como en la Corte Plena.
“La llegada de un nuevo magistrado a la CSJ que tenga vínculo político partidario, provocaría una reconfiguración de la mayoría en Corte Plena, existiendo el riesgo que predomine una mayoría menos incisiva o, al menos, con menor ímpetu en las investigaciones de probidad”, afirmó.
Una fuente aseguró actualmente podría haber siete magistrados que han sido promovidos por los partidos FMLN y GANA, y que podrían requerir únicamente un voto para obtener una correlación suficiente para frenar juicios por indicios de enriquecimiento ilícito.
Sobre esta tesis, Anaya aseguró que se deben analizar las resoluciones de Corte Plena, pero que ha observado que desde 2016 y 2017, “se ralentizó el número de casos de probidad que conoció Corte Plena” y que posteriormente los magistrados de la Corte comenzaron a otorgar plazos amplios a funcionarios investigados.
Jessica Estrada, directora del Área de Transparencia de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), expresó que “definitivamente sí” hay un riesgo. Afirmó que el trabajo de la Corte desde hace algunos años “permitió tener las primeras luces sobre los casos de gran corrupción que estamos viendo ahora” y que “son un paso importante en la lucha contra la corrupción”.
“Los votos de los cinco magistrados salientes apoyaron continuar con varios casos de Probidad que hemos visto, eso se logra con mayoría en el pleno y muchas veces votaciones quedaron 8-7. Fácilmente se revierte eso”, dijo.
Claudia Umaña, de la fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), sostuvo que por eso “hay que ser sumamente estrictos” en la elección. “Sí, veo riesgos, no veo como un tema menor, por eso no podemos permitir que la votación se haga sin valorar estos aspectos”, dijo, sobre la evaluación estricta de los candidatos a magistrados.
Umaña recuerda que la Corte debe volver a activar la investigación profesional de los abogados y realizar una profunda depuración judicial.
Para Humberto Sáenz, del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), también señaló que la aritmética en la CSJ se ha ido reduciendo “poco a poco” en las decisiones contra la corrupción. “Meter o elegir a un magistrado que no sea independiente puede provocar que esa aritmética se complique y que sean ocho las personas que estén a favor de la oscuridad y que todos estos casos no se judicialicen”, indicó.
Sáenz señaló que actualmente no ve una conformación favorable a la lucha contra la corrupción. “Lamentablemente han estado tomando decisiones que van en función de no continuar con estas investigaciones de Probidad”, afirmó el abogado.
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