Los diputados tienen hasta diciembre hara hacer la reforma, que aplicaría en 2024. / DEM


Los diputados deben cumplir el mandato de la Sala de lo Constitucional que les obliga a regular el derecho al sufragio pasivo de los salvadoreños que residen en el exterior: esto es el derecho a ser electos como candidatos a cargos de elección popular.

Así, pidieron opinión al Tribunal Supremo Electoral (TSE), que sugirió revisar los requisitos para ser candidatos regulados en el Código Electoral, valorando la eliminación de barreras consideradas burocráticas para cumplir los requisitos, y la consulta en línea de solvencias y finiquitos.

El TSE hizo una presentación a los diputados, que propuso la simplificación de procedimientos para la participación de los aspirantes en las elecciones internas de los partidos políticos.

Uno de los requisitos para todo candidato a cargo de elección popular es haber sido electo con voto libre y secreto de los afiliados de sus respectivos partidos.

A varios diputados de la Comisión de Reformas Electorales de la Asamblea Legislativa no les agradó la propuesta. La razón: consideraron que viola el derecho constitucional a la igualdad y que podría ser inconstitucional.

 

La reacción

El primer diputado que reaccionó a la propuesta de los magistrados del TSE fue Mario Tenorio, de la fracción del partido Gana.

Tenorio aseguró que esto violaría el principio de igualdad establecido en el artículo 3 de la Constitución.

La diputada Anabel Belloso, del grupo parlamentario del FMLN, prevé que habrá reclamos de las personas que residan en El Salvador y consideró que podría ser inconstitucional.

El diputado René Portillo Cuadra, de la fracción legislativa de Arena, planteó la necesidad de facilitar que sean candidatos sin sustituir los requisitos, ejemplificando que el requisito de solvencia “es para todos los que van en la planilla”.

Pero calificó de “complicado” que unos reciban finiquitos en línea y otros, en forma material. “Los requisitos no se pueden obviar”, advirtió.

El Código Electoral exige a los candidatos una inscripción personal con solvencia de impuesto sobre la renta, finiquito, certificación de la Corte de Cuentas, entre otros.