En su informe de libertad de expresión que comprende el período entre el 1 de enero y el 30 de abril, la APES registró 54 denuncias por agresiones contra periodistas, que se incrementaron durante la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19.
Del total de vulneraciones, al menos 23 fueron perpetradas por el Gobierno salvadoreño, a través de funcionarios e instituciones públicas; 10 por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) y cinco por las Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES), sumando 38 agresiones contra periodistas en manos del Estado.
Entre las denuncias hay al menos 28 restricciones al ejercicio periodístico, que consisten en intimidación, amenazas y eliminación de imágenes captadas por periodistas. Además, se registraron 10 ataques digitales y un caso de acoso digital.
Se denunciaron dos bloqueos a la información pública, dos amenazas verbales, dos restricciones a la circulación, un ataque a la libertad de expresión y una agresión al patrimonio.
El resto de agresiones ocurrieron dentro de los lugares de trabajo, con cuatro casos de reducción salarial y un adeudo, un despido injustificado y un caso de acoso sexual.
Pandemia, excusa
Para la APES, existen elementos en las acciones de funcionarios para generar preocupación en el gremio periodístico, con “un retroceso en términos de libertad de prensa” valiéndose de estados de excepción y emergencia para obstruir el acceso a la información y el trabajo de periodistas críticos.
“Como en todo América Latina, hay una tendencia de caminar hacia un régimen autoritario y una mayor concentración de la información”, aseguró Serafín Valencia, relator de Libertad de Expresión de la asociación.
Solo en 2019, la APES registró 77 denuncias por este tipo de agresiones, “y en menos de cuatro meses, ya superamos la mitad de casos de dicho período”, indicó Angélica Cárcamo, presidenta de la organización de periodistas.
Entre enero y febrero del presente año, previo a la declaración de emergencia nacional, se reportaron 20 agresiones contra periodistas.
Al aprobarse el estado de excepción desde marzo pasado, en tanto, se registraron 34 nuevas denuncias ante la APES, un 78 % de estas protagonizadas por el Gobierno e instituciones públicas.