El canciller salvadoreño, Hugo Martínez, junto a sus homólogos de Guatemala y Honduras, se reunirán el jueves con el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, para conversar, entre otros temas, de las deportaciones desde Estados Unidos de personas con antecedentes criminales.

“El día jueves vamos a tener una reunión los cancilleres del Triángulo Norte con el secretario Kelly y también con el equipo del Departamento de Estado”, afirmó el jefe diplomático ante los diputados.

Uno de los objetivos será ampliar un memorando firmado en el año 2010 con Estados Unidos que permite que las autoridades estadounidenses compartan la información de las personas que son deportadas.

Martínez detalló que participarán en una conferencia sobre seguridad y prosperidad del Triángulo Norte. “Ahí es donde pien-so incluir el tema de las personas deportadas con antecedentes criminales”, dijo a la prensa.

La Comisión de Seguridad de la Asamblea acordó conformar ayer una comi-sión técnica para emitir le-gislaciones y enfrentar así la deportación de pandilleros o de personas con graves antecedentes criminales.

Martínez señaló ante los diputados que no es un fenómeno masivo, porque el 83 % no tiene “antecedente criminal” pero consideró que hay una amenaza por el nivel de “peligrosidad” de muchos. Los diputados estudiarán la creación de un registro de pandilleros, una ley de rehabilitación y una ley de control a deportados con antecedentes criminales.

El canciller aclaró que las personas condenadas en Estados Unidos cumplen su condena en ese territorio. La red consular, dijo, no emitiría ningún documento de viaje si esa persona no ha cumplido la pena correspondiente por el delito que ha cometido.

Durante los primeros cuatro meses de 2017, casi 400 pandilleros han sido deportados a El Salvador desde Estados Unidos.

 

Pide no crear estigmas a deportados

Autoridades de Relaciones Exteriores y Seguridad urgieron ayer legislar sobre las personas deportadas con antecedentes penales. El canciller Hugo Martínez pidió no estigmatizar a la los deportados, cuyo 83 % no tienen ningún antecedente criminal. Del resto, la mayoría únicamente ha cometido faltas leves o de tránsito.