El coordinador del Comité, Ricardo Castaneda, aseguró que los municipios con mayor número de casos covid19 recibieron menos fondos y los que tenían más contagios de covid19 recibieron más recursos.
Se trata de $191.7 millones, el 29.1 % de los $659 millones de deuda adquirida por el Estado y autorizada por el decreto 608 de fondos para la emergencia por covid19.
Los municipios.
De acuerdo a la Veeduría, entre los municipios con mayor incidencia de covid19 están Santa Tecla, San Francisco Gotera, San Miguel, Nueva Guadalupe, San Salvador, Antiguo Cuscatlán, San José Villanueva, Chalatenango, Nuevo Cuscatlán, Santa Rosa de Lima e Intipucá. Estos tienen de 20 a 31 contagios por cada 1,000 habitantes, las tasas más altas.
Sin embargo, según el estudio, no son los que más recibieron fondos de la emergencia del decreto 608.
“Soyapango ha tenido una tasa de infección de 19.6 casos por cada 1,000 habitantes pero solo recibió $6 por cada persona que reside en este municipio”. Ricardo Castaneda, coordinador del Comité de Veeduría
Los 12 municipios con más transferencia por persona fueron, en cambio, Mercedes La Ceiba, Las Vueltas, San Francisco Lempa, Azacualpa, San Luis del Carmen, El Rosario, Arambala, Potonico, San José Las Flores, Nueva Trinidad, Cinquera y San José Cancaste.
Estos municipios tuvieron fondos equivalentes a $153.5 a $336.2 por habitante.
Los municipios de San Miguel, San Salvador, Santa Ana, Mejicanos, Santa Tecla y Soyapango, que tuvieron entre 16 y 31 contagios por 1,000 habitantes, recibieron fondos entre $6 y $10 por habitante. La distorsión, sin embargo, no ocurre en 35 municipios del país.
¿Por qué?
Este decreto 608 aprobó una distribución bajo criterios del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades (Fodes), es decir: población, pobreza, equidad y territorialidad.
De acuerdo a la Veeduría, otros criterios aplicados para distribuir los fondos deberían haber sido densidad poblacional o porcentaje de población urbana, debido a que son variables relacionadas a la propagación del virus. Sin embargo, la distribución con base en el Fodes “resultó en una correlación opuesta”, concluyó.
“Tuvo que haber una distribución de fondos más adecuada, pudo haber habido una vejación a la calidad de vida de las personas”. Wilson Sandoval, subcoordinador del Comité de Veeduría
Sin plan, discreción de las alcaldías.
La Veeduría señala que a los gobiernos municipales no se les propusieron programas basados en el decreto legislativo 608, por lo que los recursos quedaron a discreción y a la interpretación de cada gobierno municipal.
El Comité del Fondo de Emergencia, Reconstrucción y Recuperación Económica estaba facultado para proponer a los gobiernos locales los programas de emergencia, recuperación y reconstrucción económica.
Sin embargo, no hay evidencia de que el Comité haya funcionado, sostiene la Veeduría Ciudadana.
El Comité concluyó también que se respetó el porcentaje establecido por la Asamblea Legislativa para los municipios, ya que los $191.7 millones destinados a las mismas representa el 29.1 % de los fondos.
Hasta el cuarto informe, el subdirector de la Veeduría, Wilson Sandoval, cree que pudiera haber delitos de malversación e incumplimiento de deberes, sin embargo, aclara que le compete al fiscal general determinar posibles delitos.