El Departamento de Estudios Legales (DEL) de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) señaló ayer que “el combate a la corrupción se vio fortalecido con el inicio de los primeros juicios por enriquecimiento ilícito”.
La CSJ ordenó juicios civiles contra el diputado Reynaldo López Cardoza, el 6 de octubre de 2015, y contra el exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), el 26 de noviembre de 2015. El primer funcionario pertenece al PCN y el segundo formó parte del Gobierno de Mauricio Funes. Ayer, la CSJ ordenó juicio civil contra el expresidente Funes.
En su informe sobre “Coyuntura legal e institucional”, correspondiente al segundo semestre de 2015, el DEL señala que la Ley de Probidad, aprobada en diciembre de 2015 por la Asamblea Legislativa, fue un obstáculo porque “eliminó facultades importantes”, señaló Javier Castro, director del DEL.
Señaló “retos enormes”, porque Transparencia Internacional (TI) da 39 puntos a El Salvador en una escala de 0 al 100, en donde 100 es más limpio. Por ello, aseguró que el país “está estancado”.
Agregó que hay pequeños avances en la depuración judicial y nulos avances en la investigación profesional, a cargo de la CSJ.
RETOS PARA ASAMBLEA
Entre los retos para la Asamblea Legislativa, está cumplir sentencias de la Sala de lo Constitucional sobre financiamiento de partidos políticos, voto cruzado, regulación sobre telecomunicaciones y rendimiento de pensiones.
El informe de Fusades señala que la Asamblea Legislativa debe cumplir los plazos para elegir a los funcionarios. Advierte que “las elecciones no han sido todo lo satisfactorias que debieran” porque “no han sido realizadas en tiempo” y las “discusiones alrededor de los candidatos, en gran medida, siguen refiriéndose a las vinculaciones políticas partidarias y no sobre sus aptitudes para desempeñar los cargos”.