El secretario judíco, Conan Castro, pidió la reforma al ministro de Gobernación, quien lo presentó el 7 de julio.


El secretario jurídico presidencial, Conan Castro, pidió al ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegaín Hananía, que remitiera reformas a la Ley de Acceso de Información Pública (LAIP) a la Asamblea Legislativa por su aprobación. La petición la recibió el 22 de junio de 2021 a las 10:18 a.m.

El ministro Bidegaín pidió la aprobación de dicho paquete de reformas el 7 de julio a las 2:21 p.m. La solicitud de reforma fue divulgada la noche de este lunes en la agenda de la plenaria de la Asamblea Legislativa, pero ayer tarde la iniciativa fue retirada de la agenda sin explicación.

La reforma plantea volver confidenciales las declaraciones patrimoniales de los funcionarios o empleados públicos. Actualmente son públicas, aunque el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) han declarado reserva a los anexos patrimoniales.

En anteriores gobiernos, la publicación de este tipo de información patrimonial dio paso a las investigaciones contra los expresidentes Francisco Flores, Antonio Saca, Mauricio Funes, y funcionarios como Sigfrido Reyes; y también se conoció entrega de fondos de Presidencia al exfiscal general, Luis Martínez.

 

“Tiro de gracia”.


Miembros de organizaciones que usualmente son criticadas por el Gobierno calificaron de “tiro de gracia” o “golpe de muerte” las reformas propuestas por el Gobierno.

Marjorie de Trigueros, directora de estudios legales de la Fundación Salvadoreño para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), lo califica como un paso a la opacidad y equivale a derogar la LAIP.

Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción en El Salvador (Alac-Funde), lo tilda de “todo un paquete” para asegurarse de una muerte segura del IAIP. “Es asegurarse de que esto no tuviera vuelta atrás”, afirmó.

Sandoval se refiere a que el IAIP es manejado actualmente por funcionarios que han resuelto a favor del Ejecutivo.

 

Reserva información.


La reforma busca facultar al Estado para reservar información oficiosa –que debe ser publicada sin que lo solicite un ciudadano, como gastos, asesores, viajes.

Eduardo Escobar, director ejecutivo de la Acción Ciudadana, lo calificó de golpe mortal al derecho de acceso a la información pública (DAIP), ya que quedará a decisión del funcionario reservar esa información oficiosa, “pierde sentido tener una ley de acceso a la información”, expresó.

El abogado advierte que la reforma elimina el artículo que obliga que las auditorías realizadas por la Corte de Cuentas de la República a los concejos e instituciones del Estado. Actualmente las auditorías se publican por ley en el sitio cortedecuentas.gob.sv. La propuesta del Gobierno es eliminar este artículo sustituyéndolo por la facultad de reserva de información oficiosa.

 

El dato


La información pública oficiosa es aquella que es divulgada, por una obligación de ley, por las instituciones del Estado, sin que los ciudadanos se la soliciten.

 

¿Qué reformas se proponen en la iniciativa?


 

  1. Declaraciones de Probidad


Las declaraciones de la Sección de Probidad son confidenciales de acuerdo a una reforma al artículo 24 de la LAIP.

 

  1. Información oficiosa


Le da la facultad a las instituciones públicas reservar información oficiosa según los criterios de la LAIP.

 

  1. Auditorías de la Corte de Cuentas


Suprime el artículo que obliga a la Corte de Cuentas publicar las auditorías a las instituciones públicas.

 

  1. Aumento del plazo


Aumenta el plazo de 10 a 20 días para que el Estado responda al ciudadano peticionario de información.

 

  1. Voto calificado a presidente IAIP


Las reformas aumentan el poder al presidente del IAIP de hacer cambios internos y también le da voto calificado.