El vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, le hizo esta semana una advertencia a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, anunciando demandas de otra índole que por el momento no se pueden interponer.

“A mí me parece que ha habido una decisión que va más allá de la competencia de una instancia y yo creo que eso es gravísimo, porque aunque ahora alguien no pueda hacer nada, pero después eso puede tener demandas de otras características”, advirtió.

Esa fue su reacción pública pronunciada el miércoles, por la medida cautelar que emitió la Sala de lo Constitucional y suspendió a Ulises Rivas de su magistratura en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El vicemandatario dijo que había “una especie de impunidad” en la decisión que tomó la Sala. “Yo creo que el magistrado tiene que proceder de acuerdo a todas las medidas que la Constitución manda y las leyes secundarias mandan, porque es una especie de impunidad, ¿no?”, fueron sus palabras.

El FMLN ha considerado que la medida cautelar cambió la aritmética en el TSE, ya que él era uno de los magistrados considerados “progresistas”. La Sala analiza una demanda de inconstitucionalidad contra la elección de Rivas, en donde la Asamblea Legislativa está señalada de no comprobar debidamente su no pertenencia partidaria.

El FMLN consideró que la Sala de lo Constitucional creó un escenario para que se cometa un fraude desde el TSE. Objeta que la magistrada Sonia Liévano de Lemus, suplente de Rivas, sustituya al exmagistrado porque ella es pariente de una exfuncionaria de la administración de Alfredo Cristiani.

Ayer, la diputada Jackeline Rivera dijo que “ésta es de las resoluciones más temerarias de la Sala de lo Constitucional, si es que todavía merece llamarse Sala de lo Constitucional, ha emitido en este país”.