Amnistía Internacional dice se debilita el Estado de derecho en El Salvador

El informe anual Amnistía Internacional 2022-2023 presentado este martes indica que El Salvador enfrenta un "deterioro grave” del acceso a la información pública, un debilitamiento del Estado de derecho y violaciones masivas de derechos humanos por el estado de excepción. Amnistía Internacional recuerda la aprobación del estado de excepción en marzo de 2022 y sus continuas prórrogas y el anuncio del presidente hacia su reelección inmediata ante críticas que señalan inconstitucionalidad. El informe asegura que "la mayoría de las más de 60,000 detenciones” en el régimen de excepción son "presuntamente arbitrarias” por carecer de orden de arresto o flagrancia y por basarse en tatuajes, antecedentes penales o lugar de residencia. Sostiene que a la mayoría de detenidos "se les negó el contacto con sus abogados”, "el acceso al expediente de caso”, "la información sobre los motivos de su detención” o el "derecho a ser oídas en la vista de acusación formal”. "Se ocupaban de cientos de casos de acusación a la vez”, explica. En contraposición, el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, aseguró en el canal estatal de televisión que "a cada uno de esos detenidos, la PNC, la FAES, les ha garantizado informarles por qué motivos se ha realizado esa detención”. "También se les ha garantizado el derecho a la defensa técnica”, afirmó. Amnistía Internacional casos de tortura, palizas, linchamientos y amenazas que las autoridades "no trataron de impedir” contra personas privadas de libertad "maltratadas por los guardias penitenciarios” y la muerte de más de "90 hombres bajo custodia del Estado” "muchos” con "certificados de defunción documentaban señales de tortura”.

"Desmantelamiento de democracia”

En la presentación de informe de Amnistía Internacional, Zaira Navas, jefa de Estado de Derecho y Seguridad de Cristosal, aseguró que El Salvador ha pasado de un proceso de "débil democracia a un proceso de desmantelamiento de la democracia” y sostuvo que no dudan de que este régimen de excepción sea un "mecanismo para mantenerse en el poder”. Relató que el fiscal de Nueva York inició una acción legal contra los principales cabecillas de las pandillas en la cual señala que el gobierno salvadoreño pactó con las pandillas para reducir los homicidios. Según Navas, señalar esta investigación de EE.UU. es importante porque la caída de los homicidios ya había iniciado desde antes del régimen de excepción debido a un pacto con las pandillas. "Lo que ocurrió en marzo es una ruptura de esa negociación”, afirmó, lo cual habría provocado el régimen de excepción como una "revancha”. Dijo que en El Salvador hay una persecución contra defensores de derechos humanos y líderes sindicales, un resquebrajamiento de la institucionalidad, incumplimiento de la Convención Americana de Derechos y se quejó de que en El Salvador se acusa a las organizaciones de derechos humanos de ser parte de la oposición. En El Salvador, concluyó, se está tomando un "camino más acelerado a la dictadura” y que "se ha prestado por altos niveles de corrupción”. El informe de Amnistía Internacional en síntesis: