Aprobada 28a. prórroga del régimen de excepción: 81,100 capturados

Con 57 votos, la Asamblea Legislativa aprobó este martes la vigésima octava del régimen de excepción, que mantendrá suspendidos los derechos constitucionales regulados en el artículo 12 inciso segundo, artículo 13 inciso segundo y 24 de la Constitución de la República. El Ministerio de Justicia y Seguridad informó que el actual gobierno acumula más de 655 días sin homicidios y que durante el régimen de excepción "se han capturado a más de 81,100 individuos incluidos principales líderes de los grupos de pandillas". Los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados prolongan mes a mes el régimen de excepción. El artículo 29 de la Constitución indica que en casos de "graves perturbaciones de orden público" pueden "suspenderse las garantías" y esta suspensión "no excederá de 30 días" pero "podrá prolongarse si continúan las circunstancias que la motivaron". Las disposiciones suspendidas son: el derecho de la persona detenida a ser informada de sus derechos y a tener asistencia de defensor; a que la detención administrativa no exceda de 72 horas dentro de las cuales deberá consignarse a la orden del juez; y la prohibición de la interferencia e intervención de las telecomunicaciones excepto de manera excepcional con autorización judicial. En el decreto, el gobierno argumenta que "es indispensable contundentemente avanzar en las labores de inteligencia policial y militar" para combatir "las organizaciones criminales que han provocado altos índices de criminalidad y cuyos remanentes continúan produciendo actividad delictiva, constituyéndose estos grupos en el enemigo y la más grave amenaza que el Estado debe enfrentar". De acuerdo a las cifras del gobierno, durante el último mes se han realizado aproximadamente 600 personas bajo el régimen de excepción, ya que en la prórroga número 27, el gobierno informó de 80,500 capturados. El Socorro Jurídico Humanitario (SJH) reporta 305 muertes de personas detenidas durante el régimen de excepción, con la muerte de una mujer en el centro penal de Apanteos, en Santa Ana. En abril pasado, organizaciones reportaron más de 6,000 denuncias de violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción.