CNJ entrevista a primeros 10 aspirantes a la CSJ: ¿qué respondieron?

El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) realizó preguntas al azar a los primeros 10 aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Cada aspirante seleccionaba un sobre manila que tenían en su interior las preguntas que les formularían los consejeros en una sesión que se transmite en Facebook Live. Así, los consejeros preguntaron sobre la Constitución, el modelo de justicia constitucional de El Salvador, la Ley Crecer Juntos, los estándares internacionales en justicia sobre derechos humanos y sobre Inteligencia Artificial. Para el abogado Eduardo Escobar, el CNJ "debe realizar un procedimiento riguroso para garantizar que los 15 seleccionados sean los más competentes" y la "independencia suficiente para ocupar una magistratura". De entrada, Escobar y el abogado Enrique Anaya opinaron que las respuestas de dos aspirantes sobre el modelo constitucional de El Salvador no son correctas. "Aunque hay muchas propuestas doctrinarias, un modelo de justicia constitucional puede calificarse como concentrado, difuso, híbrido, mixto, pero no tiene nada que ver con los desvaríos que expusieron los postulantes", afirmó Anaya. Anaya no cree en el proceso de entrevistas que desarrolla el CNJ. "En su mayoría, son preguntas propias de exámenes de licenciatura... Eso no ayuda, en nada, a precisar el perfil del candidato", critica. 1-José Roberto Torres Cruz A partir de 1996 ha sido empleado de la Corte Suprema de Justicia. A partir de 2008 a 2017 ha sido juez de paz suplente. En 2017 fue nombrado juez de paz en Rosario de Mora, fue trasladado a Armenia y a partir de 2021 es magistrado de Cámara de Menores de Occidente. El consejero Luis Ramírez Menéndez le preguntó si, como funcionario judicial, puede ejercer el control de convencionalidad de oficio; en materias de medios de impugnación, ¿qué significa la prohibición de la "reformatio in peius"? y, en un proceso de protección de modificación de sentencias sobre alimentos, ¿qué sanción jurídica acarrea no considerar la opinión del adolescente en la resolución? El aspirante respondió que ignorar la opinión del adolescente podría anular el proceso; que El Salvador es parte de muchos convenios internacional y todo juez debe ser primero garante de la Constitución y de las convenciones; que la prohibición de la "reformatio in peius" se da, cuando un proceso llega a segunda instancia y no puede reformarse la condena en perjuicio del procesado. 2-Óscar Ernesto Andrade Montoya Fue colaborador jurídico en la Cámara Sección de Oriente de Usulután. Es juez de lo contencioso administrativo suplente de San Miguel. El segundo candidato también recibió preguntas sobre qué implica el principio de exclusividad de la jurisdicción. "Es exclusivo del Órgano Judicial conocer y resolver los conflictos y hacerlos ejecutar", dijo. Consultado sobre cuándo se produce inconstitucionalidad derivada o por conexión, respondió que la Sala de lo Constitucional "puede ampliar por conexión esa sentencia y no puede excusarse" en temas "que no son propios del proceso, pero tiene efectos para determinados casos que no han sido conocidos pero que tienen conexión similar en el conflicto”. Para este aspirante, el control de "convencionalidad" puede ejercerlo todo juez de oficio. "Es obligación aplicar la Constitución y la ley, entre ellos los convenios y tratados internacionales", dijo. 3-Carlos Mauricio Pérez Aguirre Pérez Aguirre aseguró que inició como juez suplente, fue juez de vigilancia, juez de lo civil y que funge como magistrado de la Cámara Segunda contra el Crimen Organizado, ha sido docente y dio la cátedra en derecho penitenciario. La consejera Verónica González Penado le preguntó "cuál es el modelo de justicia constitucional que existe en El Salvador". "Es un modelo cambiante, se moderniza en virtud de que las Constituciones varían, se basa también en el derecho positivo porque la sociedad debe encontrar alguna solución a los problemas”, contestó. ¿En qué consiste la interpretación conforme a la Constitución? "Significa que debe analizarse cada norma y analizar si esta se acopla al ordenamiento jurídico y si efectivamente logra adecuarse a la solución de los problemas dentro de la sociedad”. ¿Cuál sería su rol como magistrado frente a los estándares internacionales en materia de justicia desde la perspectiva de derechos humanos?, le preguntó la consejera. "Siempre existen los derechos humanos intrínsecamente. Los tratados internacionales reconocen los derechos humanos pero siempre dentro de los ordenamientos internos tenemos la Constitución y definitivamente es la Carta Magna la que principalmente debe imperar sobre los tratados”, respondió. 4-Nelson Palacios Hernández El abogado Nelson Palacios Hernández dijo que ha ejercido 17 años la abogacía y el notariado. Es juez cuarto civil y mercantil desde hace 14 años. El consejero Alcides Funes Teos le preguntó qué propondría para mejorar la eficiencia y reducir la mora judicial, a lo que respondió que implementaría el mapa judicial. El CNJ también preguntó cuáles son los efectos jurídicos de las sentencias de la Sala de lo Constitucional en materia de amparos y le pidió que mencionara tres principios rectores de la Ley Crecer Juntos para la protección de la niñez y adolescencia. El aspirante mencionó como principios de la Ley Crecer Juntos la protección de la integridad, el derecho a la diversión, a compartir con sus padres. "Es una ley muy importante, muy relevante que ha venido a consolidar los derechos de los niños, niñas, adolescentes”, aseveró. 5-Raquel Caballero de Guevara A la actual procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, el CNJ le preguntó cuáles son los principales valores éticos y morales que debe tener un candidato para la CSJ. Respondió que los principales son la honestidad, la entrega profesional al trabajo, la transparencia, la conexión con todo el sistema de justicia; y la la equidad e igualdad entre hombres y mujeres. Caballero opinó que el modelo de justicia constitucional en El Salvador se aplica "en el parámetro del iusnaturalismo" en una democracia representativa. A una pregunta sobre el "reformatio in peius" respondió que es el cambio de una "decisión judicial basada en los principios que considere el juzgador". Reformatio in peius es una locución latina que significa "reformar a peor” y que en muchos países está prohibida. 6-Miguel Elías Martínez Cortez Es magistrado de la Cámara Ambiental de segunda instancia de Santa Tecla. El consejero Luis Alonso Ramírez Menéndez le preguntó en qué sala cree que podría desempeñarse y por qué. Martínez Cortez manifestó que desde 2020 ha estado en juzgado de familia y que, desde 2021, en juzgado ambiental. Aseguró que se desempeñaría "en cualquier sala", pero que se orienta "en la civil". "Sin embargo, cuando se me da una oportunidad la trato de aprovechar, no me quedo estancado", afirmó. Le preguntaron por tres atribuciones de la CSJ y que vicios de inconstitucionalidad impiden emitir un pronunciamiento de fondo. "Voy a poner el ejemplo... desaparece el decreto, una forma en que ya desapareció, por ejemplo, las leyes más que todo cuando son transitorias", respondió. 7-Ismenia Lisset Méndez Morán Es abogada en libre ejercicio de la profesión. Aseguró que ha dado cursos a Fiscalía General de la República sobre criptoactivos y que se considera una abogada defensora del derecho informático. "Conozco a cabalidad el derecho penal", afirmó. ¿En qué sala de la CSJ cree que podría desempeñarse y por qué?, le preguntó el consejero Wilfredo García Amaya. "Puedo funcionar en la Sala de lo Constitucional por obvias razones, mi investigación de doctorado tiene un capítulo en relación a la Sala de lo Constitucional... Si bien es cierto la Sala (de lo Constitucional) no ha arrojado jurisprudencia que acreciente conocimientos o cambie criterios, eso quiere decir que tenemos una Sala estática. No vemos jurisprudencia interpretativa, en donde se creen procesos cuando la ley ha hecho omisiones al respecto", observó. Luego respondió que también se "vería cómoda en el área de lo penal" y en el área civil. "Doy capacitaciones sobre la temática, litigo en el área civil y mercantil, me puedo de pe a pa el contenido del Código Procesal Civil Mercantil... conozco sobre los laudos arbitrales", respondió. El CNJ le preguntó qué medidas aportaría para vigilar que se administre una pronta y cumplida justicia. La abogada respondió que el juez debe la capacidad de liderar y conocer la ley. "Nos encontramos juzgadores donde el desconocimiento de la norma lo más fácil que hacen es se desestima, en vez de facilitar esa pronta y cumplida y justicia", criticó. "No me diga que porque usted no conoce una Ley de Emisión de Activos Digitales no me va a resolver respecto de un contrato electrónico en donde se ha alojado por ejemplo una obligación de aportar criptomoneda", señaló, en crítica al desconocimiento judicial en criptomonedas. La abogada explicó la obligatoriedad de cumplir una Ley Bitcoin pero advirtió también la libre contratación establecida en la Constitución de la República: "Una Ley Bitcoin que nos está obligando a que usemos precisamente esa moneda, porque está siendo una moneda de circulación legal, donde está en un smartcontract o contrato inteligente usted contrató el uso de esta equis o ye moneda, usted está obligando a cumplirlo, ¿pero qué le dice el 23 de la Constitución?, hay libertad de contratación y, por lo tanto, ante esa libertad, lo único que cuenta es la libertad del privado para contratar". La abogada exhortó a "estar preparados a los nuevos retos". "Volvámonos iuspositivistas, interpreta la norma a pesar que ya la conoce", afirmó. 8-Roberto Antonio Velasco Carpio Tiene un poco más de tres años como secretario general del Tribunal de Servicio Civil. Fue inspector de trabajo, delegado del procurador en Sonsonate, director de operaciones de derechos humanos. Procurador adjunto especializado de derechos laborales. Sobre los principios del derecho penal salvadoreño, Velasco Carpio mencionó la proporcionalidad en la aplicación de la pena, la razonabilidad y el principio de in dubio proreo, "que son principios fundamentales"; el principio de legalidad, "no hay delito sin ley previa". Además, le preguntaron en qué Sala podría desempeñarse. "En la Sala de lo Civil y en la Sala de lo Constitucional", afirmó. 9-Giovanny Alberto Rosales Rosangi Es actualmente oficial interino de acceso a información pública de la CSJ y asegura que conoce "el funcionamiento mayoritario del Órgano Judicial". "He tenido la oportunidad cuando he trabajado en la Sala, el funcionamiento de otras salas, hay un trabajo de la mano con el pleno de la Corte, he tenido la oportunidad de ver cómo funcionan muchas competencias de la Corte en pleno, he visto que del último trimestre para acá y sumado a la época de la pandemia todo el tema del órgano judicial y de la institucionalidad se ha visto en la necesidad de dar un cambio, la CSJ está trabajando bastante bien", manifestó. El CNJ le pidió desarrollar dos principios constitucionales de organización que aplicaría en la función administrativa de la CSJ. "Uno de los principios es el principio de legalidad, 86 inciso final, un funcionario no tiene más atribuciones que las que le da la ley. Sumaría el principio de congruencia procesal, las decisiones sean congruentes con lo que se está solicitando", respondió. También, le consultaron si, con la derogación genérica, es necesario que se declare inconstitucionalidad o opera de forma automática. "No opera de forma automática, la Sala la debe declarar siempre mediante un pronunciamiento al momento de conocer de un proceso de inconstitucionalidad". Le preguntaron cuál es su visión sobre el procedimiento administrativo disciplinario para funcionarios judiciales que infringen determinados por la Ley de la Carrera Judicial. "Es un mecanismo de control que tiene el Órgano Judicial que se limita a un control en una vertiente administrativa en la que los jueces deben actuar dentro de la función o cómo administra el funcionamiento de ese tribunal y, en caso de incurrir en alguna infracción, se le puede iniciar un procedimiento ante la Sección de Investigación Judicial dentro de la CSJ", respondió. Rosales aseguró que podría desempeñarse en la Sala de lo Constitucional. "Si bien no me puedo declarar un abogado constitucionalista, me declaro como fiel aficionado del derecho constitucional. Aspiro algún día ingresar a la Sala de lo Constitucional", dijo. Pero añadió que también ha estudiado el derecho administrativo. 10- León Antonio Trujillo Valdivieso Es asesor del fiscal general, Rodolfo Delgado. Fue colaborador en el Juzgado 1º de lo Penal de San Salvador, relató que el director de seguridad de la CSJ le ofreció irse a al Sección de Traslado de Reos de la CSJ, lo ascendió a coordinador de STR y en 2002 lo ascendieron a subdirector de seguridad de la CSJ. Trabajó en la Cámara Tercera de lo Penal durante ocho años, fue asistente de la magistrada Elsy Dueñas en la Sala de lo Contencioso, de 2012 a 2016. Luego, renuncia para participar en una firma de abogados y en septiembre de 2021 el fiscal Rodolfo Delgado le pide ser su asesor. "Yo siempre quise ser juez, nunca me animé, no sé si por inseguridad, por no estar consciente de mis capacidades", afirmó. El CNJ le preguntó con cuál corriente de pensamiento jurídico filosófico se identifica. "Yo miraba que antes esa pregunta se la hacían a todos... Creo que me pudiera definir como alguien abierto a cualquier filosofía sin decantar, la bondad de todas, formalmente hablando por la positivista le podía decir que me decanto”, respondió. ¿Cuál es su visión sobre la Inteligencia Artificial y su aporte en la administración de justicia?, le preguntaron, a lo que el aspirante sugirió utilizar aplicaciones para hacer transcripciones de declaraciones de testigos. "Me deja sorprendido su pregunta. Es bien curioso. Yo trabajé en juzgados de lo penal, cinco, seis años en el primero de lo penal. Los colaboradores de los juzgados hacíamos muchas tareas de los fiscales... Desde esa época me causaba tanto hastío estar tomando declaración y no todos teníamos el mismo método", relató. "Me estaba poniendo a pensar, cuando me suscribí a TikTok, que fue hace como un mes, de aplicar ese tipo de tecnologías, para que pueda ser transcrita por una herramienta, esa sería la manera más genuina de dejar plasmado por escrito", afirmó. Luego, sugirió que "debería tenerse mayor énfasis en el resguardo de esos documentos porque tal parece que los que se dedican a hackear son personas muy hábiles".