Denuncian detención de líder comunitaria de Jiquilisco

Martes 05, Abril 2022 - 2:35 AM
La familia Rivas pidió a la policía liberar a Roselia. / Dennis Acosta
"Soy hija de Roselia Elvira Rivas quien fue detenida de manera arbitraria por agentes policiales que aprovecharon el estado de excepción para llegar a buscar a mi mamá a su vivienda, donde hubo abuso de poder por parte de los agentes, donde ella al sentirse intimidada tomó la iniciativa de grabar un video”, denunció ayer Guadalupe Rivas, acuerpada por la Iglesia Luterana de El Salvador. Roselia Rivas, de 46 años, fue detenida por las autoridades alrededor de las 3:00 de la tarde cuando ella estaba en su casa, el pasado 29 de marzo. Guadalupe aseguró que su madre no es una delincuente sino más bien una luchadora y líder comunitaria, asimismo, pidió a las autoridades reflexionar y enmendar la equivocación que se ha cometido contra su madre. Roselia es presidenta de la Asociación de Desarrollo Comunal (ADESCO), de la comunidad Terciopelo de Jiquilisco, Usulután y guarda arresto en cárcel de mujeres, en Ilopango. El obispo de la Iglesia Luterana, Medardo Gómez, dijeron que la familia Rivas es víctima del "abuso de poder”, de la aplicación del régimen de excepción.

Denuncias.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ha recibido un total de 67 denuncias por violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen de excepción en El Salvador, que inició el pasado 27 de marzo por el aumento de homicidios perpetrados por las pandillas. Según Tobar, existen denuncias de familiares de detenidos quienes señalan que las capturas han sido de forma ilegal o arbitraria, debido a que sus seres queridos no pertenecen a estos grupos. Entre las denuncias hay 33 casos de detenciones ilegales, así como 11 casos vinculados a detenciones administrativas que superan las 72 horas. Este derecho, sin embargo, se encuentra suprimido por el régimen de excepción. También reporta cuatro casos vinculados a detenciones sin autorización judicial y cuatro casos en los que funcionarios se han negado a brindar información sobre el lugar donde se encuentran los detenidos.