Familiares de detenidos en el régimen de excepción exigen a la PGR entrega de antecedentes penales
Martes 26, Noviembre 2024 - 6:15 AM
Movir hizo un plantón frente a la Procuraduría General de la República para exigir antecedentes penales de sus familiares que no son entregados por la entidad. / Dania Quehl.
Dania Quehl
Movir sostiene que las personas que tienen familiares detenidos por el régimen tienen el derecho de solicitar dicho documento y desde hace más de dos años luchan por una respuesta.
Un grupo de familiares de personas detenidas bajo el régimen de excepción se plantaron este lunes a las afueras de la Procuraduría General de la República (PGR) para exigir la entrega de antecedentes penales de sus seres queridos.
"No nos quieren dar los antecedentes penales y nosotros queremos demostrar la inocencia de ellos y por eso estoy aquí presente. Son inocentes, si fueran culpables no anduviéramos aquí”, expresó María Chávez Navarrete, quien viajó desde Arcatao, Chalatenango, para solicitar los antecedentes penales de su hijo.
Chávez manifestó que su hijo, Pablo Recinos de 34 años de edad fue detenido el 13 de abril del año 2022. Según indicó la mujer, su hijo se dedicaba a la albañilería, "lo sacaron engañado de la casa, le dijeron que solo le iban a registrar el DUI”, relató.
8,000 personas que fueron capturados en el régimen de excepción han sido liberadas y prometió "liberar al 100 % de inocentes".
Ante ello, el vocero de Movir dijo: "Que bueno que el presidente ya reconoció que 8,000 personas han sido liberadas. Ha aceptado que tenemos la razón en decir que hay personas inocentes”.
Hasta el cierre de esta nota, la Procuraduría no había atendido las demandas de los familiares, por lo que aseguraron que permanecerán en el lugar hasta obtener lo solicitado.
"Las víctimas no se van a ir ahora hasta que entreguen ese documento”, enfatizó el representante de Movir.
El régimen de excepción suspende los derechos constitucionales del derecho de defensa, al plazo de la detención administrativa, y a la inviolabilidad de la correspondencia y la intervención de las telecomunicaciones, contenidas en los artículos 12 inciso segundo, 13 inciso segundo. y 24 de la Constitución de la República.
La medida fue aprobada por primera vez el 27 de marzo del 2022 en la madrugada, luego de un fin de semana se reportaron más de 80 asesinatos, presuntamente ordenados por miembros de la Mara Salvatrucha.