Comunidad pide al Estado intervenir en su favor. El Ministerio de Vivienda prometió atención cuando se emita una orden de desalojo.
Las 185 familias que componen la comunidad Cuatro Vientos del cantón El Zapote, en San Luis La Herradura, La Paz, temen ser desalojadas debido a una demanda interpuesta por la empresa Quirobell S.A. de C.V., en la que reclaman el terreno de al menos 30 familias. Las demás temen también ser demandadas.
En mayo de 2022, la empresa empezó un proceso en el Juzgado de Paz de San Luis La Herradura contra 68 personas de 30 familias para que sean desalojadas, pues la empresa cuenta con tres escrituras de terrenos que desde hace más de 40 años son habitados por familias. De las familias demandadas solo una tiene escrituras de su casa.
La mayoría de viviendas de la comunidad Cuatro Vientos está elaborada con láminas. / Emerson del Cid
Los pobladores explicaron que, cuando eran pequeños, toda la zona que ahora es habitada era un estero de agua y que, para poder ubicar sus casas, llenaron de tierra las zonas húmedas, de tal forma que el estero se fue reduciendo, enterrando las zonas y así poblaron la zona.
Son personas que se dedican a la extracción de conchas para hacer cocteles, al comercio o trabajan en edificios, de acuerdo a la presidenta de la comunidad, Alba Díaz.
Respaldados por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), miembros de dicha comunidad se concentraron este jueves para pedir públicamente al Gobierno, a la Asamblea Legislativa y al Ministerio de Vivienda que intervengan.
Don Francisco es de los pocos que tienen casas de concreto. / Emerson del Cid
"Somos pobres”.
Francisco Martínez, un hombre de 80 años, habita la comunidad Cuatro Vientes desde hace 29 años.
"Tenemos fe en Dios, que yo con mis años que tengo, con mi sacrificio que tengo aquí, voy a seguir aquí”, expresó.
"Aquí somos pobres, yo soy pobre. Yo tengo un niño que tiene 22 años y desde los siete meses me lo dejaron inválido y yo he luchado como pobre que soy pero sigo adelante y tengo fe que aquí vamos a seguir viviendo, tengo derecho a una vivienda digna”, dijo Francisco, al manifestar su oposición contra el desalojo.
Cuando llegó al lugar, recordó, aún había un estero pero pagó más de 60 camiones con arena para "aplanar” el terreno. Tuvo la suerte de que un extranjero le donó la construcción de su casa pues pidió ayuda para sostener a uno de sus hijos que sufre una discapacidad y aseguró que, de esa forma, el extranjero se enteró y le hizo la donación.
La principal actividad económica de Cuatro Vientes es la pesca y comercio. / Emerson del Cid
Aún no hay desalojo.
Los habitantes de la comunidad aún no tienen ninguna orden de desalojo. Señalan que recurrieron al Ministerio de Vivienda y que la respuesta fue que les podían ayudar ante una orden de desalojo.
De acuerdo a William Murcia, miembro del equipo jurídico de la Fespad, hay "muchas posibilidades” de que haya desalojos, por las escrituras que posee la empresa, pero considera que la respuesta del Ministerio de Vivienda obliga a las familias a irse.
La Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles establece que las personas tienen 12 días para desalojar luego de una orden judicial. Los habitantes dicen no contar con otro lugar para habitar ni tener los recursos para alquilar o comprar una casa.