Fiscalía detalla pruebas contra acusados del caso de la masacre de la UCA

La Fiscalía General de la República (FGR) expuso este jueves ante el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador las pruebas que sustentan la acusación en contra de los acusados en el caso de la masacre de la Universidad Centroamericana (UCA), ocurrida el 16 de noviembre de 1989. El caso involucra a exfuncionarios del Estado salvadoreño y eximilitares, acusados de presunta planificación y ejecución del asesinato en contra de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras en el campus de dicha universidad. A la audiencia se presentaron cinco de los 11 procesados en el caso: Rafael Humberto Larios López, Carlos Camilo Hernández, Nelson Iván López López, Óscar Alberto León Linares y Manuel Antonio Ermenegildo Rivas Mejía. Ademas del coronel Inocente Orlando Montano Morales, vía remoto desde el consulado de El Salvador en España, donde purga una condena de 133 años por el asesinato de cinco de los seis sacerdotes jesuitas. Entre los imputados que no acudieron fueron Juan Orlando Zepeda Herrera, Joaquín Arnoldo Cerna y Juan Rafael Bustillo Toledo. Mientras que los ausentes fueron el expresidente de la República, Alfredo Félix Cristiani Burkard y el exdiputado, Rodolfo Antonio Parker. Durante la continuación de la audiencia preliminar, los fiscales y la querella expusieron una serie de pruebas documentales que evidencian presuntamente que la orden para cometer el crimen provino de los altos mandos del ejército. Según el planteamiento del ente fiscal, el 15 de noviembre de 1989, los exmilitares implicados en el caso presuntamente planificaron durante una reunión el crimen, donde se ordenó la muerte del sacerdote Ignacio Ellacuria "sin dejar testigos”, como expresó el ente fiscal durante la audiencia. Presuntamente en la reunión se encontraba Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, Rafael Humberto Larios, Carlos Camilo Hernández, Nelson Iván López López, Joaquín Arnoldo Cerna, Inocente Orlando Montano, Óscar Alberto León Linares y Manuel Antonio Ermenegildo Rivas Mejía, donde se decidió el asesinato en contra de los jesuitas. En el caso del imputado Carlos Camilo Hernández, en su función de ese entonces, como subdirector de la Escuela Militar Gerardo Barrios, fue el encargado de conseguir y suministrar los fusiles AK-47 con los que se cometieron los asesinatos, según señaló la FGR. Por su parte, Manuel Antonio Ermenegildo Rivas Mejía, fue quien presuntamente recomendó la destrucción de los caños de las armas usadas para cometer el crimen y que no quedará registro de la salida y entrada de los militares de la referida escuela militar. Con respecto al imputado, Óscar Alberto León Linares, la Fiscalía argumentó que fue quien planificó el cambio de los cañones de los fusiles usados con el fin de desviar la investigación del momento. Joaquín Arnoldo Cerna Flores fue el encargado de dirigir el cateo que se le realizó a la universidad con el fin de identificar los dormitorios de los jesuitas para posteriormente cometer el asesinato. Y Nelson Iván López López, tenía todo el control del operativo lanzado en el campus universitario el día de los crímenes, así como los grupos armados que se encontraban en este. Mientras que la acusación en contra el expresidente de la República, Alfredo Cristiani y el exdiputado, Rodolfo Parker, señala que presuntamente tenían conocimiento previo de la orden de ataque contra los sacerdotes jesuitas de la UCA y no lo impidieron. En marzo de 2022, a través de una carta, el expresidente, Alfredo Cristiani, aseguró que "jamás” hubiera autorizado el asesinato del padre jesuita Ignacio Ellacuría y al resto de sacerdotes y que nunca fue informado ni le pidieron autorización para el operativo. El exmandatario afirmó que compartió con el padre Ellacuría "el objetivo de lograr la paz, a través del diálogo político” y que desde previo a su toma de posesión sostuvo una relación, que califica "de mutuo respeto”. "Constaté que él estaba haciendo todo lo posible para abrirle el camino al diálogo”, decía su misiva.

Detención provisional

La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador también solicitó detención provisional para Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda y Joaquín Arnoldo Cerna, ya que desde el pasado lunes que fue el primer llamado a la audiencia no se han presentado. Asimismo, el ente fiscal pidió órdenes de captura contra el expresidente Alfredo Cristiani y el exdiputado, Rodolfo Párker. El asesinato ocurrió en la madrugada del 16 de noviembre de 1989, perpetrado durante la ofensiva guerrillera en el campus de la universidad. La FGR asegura que cuenta con suficientes evidencias que demuestran la culpabilidad de los procesados y con ello, solicitar que el caso avance a la etapa de juicio.

La causa

Según el relato de la Fiscalía, los hechos iniciaron el 11 de noviembre de 1989 cuando el FMLN lanzó la ofensiva contra el ejército salvadoreño y en respuesta los implicados en el caso supuestamente idearon el contraataque, con el objetivo de eliminar a quienes eran considerados simpatizantes de la guerrilla. Dos días después, el día 13 del mismo mes se ordenó un operativo de cateo a las instalaciones de la Universidad Centroamericana con el propósito de identificar los dormitorios de los jesuitas para posteriormente cometer el asesinato.